PARA SOL, DECRETO EXPRÉS; PARA CEUTA, PACIENCIA

España tiene dos velocidades. Y no dependen del problema. Dependen, al parecer, de dónde apriete políticamente el zapato.
Bastó que la protesta por la vivienda llegara a la Puerta del Sol para que apareciera la política de alta velocidad. Reuniones, teléfonos, negociaciones a contrarreloj, socios presionando y un decreto de vivienda camino del Consejo de Ministros. De repente, aquello que durante meses parecía extraordinariamente complicado podía negociarse en cuestión de días.
Milagro administrativo.
En Ceuta, en cambio, el reloj funciona de otra manera.
Las entradas masivas se produjeron a finales de julio. Estamos terminando septiembre y todavía hablamos de filiaciones, triajes, expedientes, identificación de menores, retornos, traslados y procedimientos administrativos. El propio Gobierno aprobó el 1 de septiembre un decreto que hablaba de procedimientos “expeditos” de retorno. Expeditos. La palabra es magnífica. La realidad parece bastante menos veloz.
Conviene decir algo que es jurídicamente evidente: expulsar a un extranjero, y especialmente resolver la situación de un menor, no es comparable con aprobar medidas de vivienda. Hay garantías legales, identificación, derecho de asilo, protección de menores y procedimientos que deben respetarse. Faltaría más.
Pero precisamente por eso la pregunta política sigue intacta: ¿por qué la sensación de urgencia del Gobierno cambia tanto dependiendo del problema?
Cuando Sol se llena de tiendas de campaña, la izquierda protesta y los socios parlamentarios aprietan, aparece inmediatamente el modo decreto exprés. Hay que reaccionar. Hay que negociar. Hay que encontrar una solución. Hay que llegar al martes.
Cuando Ceuta lleva semanas soportando una crisis extraordinaria, entonces descubrimos las virtudes de la paciencia administrativa. Hay que estudiar. Hay que identificar. Hay que tramitar. Hay que coordinar. Hay que hacerlo despacio y con todas las garantías.
Curioso país este en el que la burocracia también parece tener ideología.
Y no se trata de reclamar expulsiones indiscriminadas ni de saltarse la ley. Se trata de exigir la misma determinación política. Porque las garantías jurídicas son obligatorias; la parsimonia política no.
Sol ha demostrado algo bastante incómodo: cuando el Gobierno siente presión suficiente, sabe correr.
Por eso quizá el problema de Ceuta no sea solamente que los procedimientos sean difíciles.
Quizá sea que allí nadie con suficientes votos está apretando el acelerador.
Miguel Ángel Arranz
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