UN DECRETO PARA AGUANTAR UN DÍA MÁS EN LA MONCLOA

En España ya no se legisla. Se hace encaje de bolillos.

Hay que contentar a Junts. Hay que contentar a Sumar. Hay que buscar al PNV. Hay que vigilar qué hará Podemos. Hay que conseguir que unos no voten en contra, que otros voten a favor y que alguno, al menos, se abstenga. Y en medio de semejante sudoku parlamentario aparece un pequeño detalle que parece haberse convertido en secundario: el ciudadano.

El decreto de vivienda es probablemente uno de los mejores ejemplos de cómo funciona esta legislatura. No hace falta siquiera recurrir a la oposición para comprobarlo. Basta con leer la prensa. Durante semanas hemos conocido qué reclamaba Junts, qué exigía Sumar, qué quería Podemos, qué planteaba el PNV y qué estaba dispuesto a aceptar el PSOE. Incluso El País llegó a resumirlo en un titular difícilmente mejorable: “Contentar a Junts y Podemos: el rompecabezas del Gobierno para aprobar el gran decreto de vivienda”.

Ese es el problema.

Porque hablamos de vivienda. Del alquiler que una familia no puede pagar. Del joven que con treinta años continúa viviendo con sus padres. Del trabajador que cobra 1.500 euros y descubre que un piso cuesta 1.200. De personas que dedican una parte desproporcionada de sus ingresos simplemente a tener un techo.

Y, sin embargo, el debate político acaba convertido en otra cosa: ¿qué necesita cada partido para votar que sí?

El resultado explica perfectamente el cacao. Finalmente no tenemos siquiera un decreto. Tenemos dos. Uno contiene buena parte de las medidas con mayores posibilidades de obtener respaldo parlamentario; el otro incorpora la renovación automática de los contratos de alquiler, una reivindicación defendida desde la izquierda y que Junts y PNV no apoyan. No parece una arquitectura diseñada únicamente desde la política de vivienda. También responde, inevitablemente, a la aritmética del Congreso.

Y aquí está la cuestión de fondo.

Las medidas podrán gustar más o menos. Algunas protegerán a determinados inquilinos. Otras beneficiarán fiscalmente a propietarios o compradores. Habrá que analizar sus resultados cuando se apliquen. Pero resulta difícil ignorar que la construcción política del paquete se ha realizado mirando permanentemente al escaño de cada socio.

Un poquito para Junts. Otro poquito para Sumar. Esto para intentar atraer al PNV. Aquello para que Podemos no tumbe el conjunto.

Y después lo llamamos política de vivienda.

Quizá algún día volvamos a discutir primero qué necesita España y después busquemos los votos para hacerlo posible. Ahora parece funcionar al revés: primero contamos los votos y después confeccionamos la norma que permita reunirlos.

Porque cuando gobernar consiste permanentemente en conseguir siete votos aquí, cinco allá y una abstención más lejos, existe el riesgo de que el BOE termine pareciéndose demasiado a un menú degustación para socios parlamentarios.

Todos tienen su plato. Todos encuentran algo que llevarse. Todos pueden explicar a los suyos que han conseguido arrancarle algo al Gobierno.

Mientras tanto, millones de españoles siguen intentando resolver una cuestión bastante menos sofisticada:

cómo demonios pagar una vivienda.

Miguel Ángel Arranz