Así yo también soy presidente de la Unión Europea

Gobernar debería consistir, entre otras cosas, en administrar recursos limitados, defender intereses propios, anticiparse a los problemas y saber negociar cuando enfrente tienes a alguien que quiere exactamente lo contrario que tú. Pero observando determinadas respuestas de la Unión Europea ante sus crisis exteriores, uno empieza a sospechar que hemos sofisticado demasiado la definición. A veces parece mucho más sencillo: aparece un problema, abrimos la cartera. Aparece otro, volvemos a abrirla. Y si el primero no se ha solucionado, probablemente es porque todavía no hemos puesto suficiente dinero.

Así yo también soy presidente de la Unión Europea.

Europa ha convertido el dinero en uno de sus principales instrumentos de política exterior. Ayudas al desarrollo, cooperación, fondos, acuerdos económicos, programas de inversión, financiación para controlar fronteras, incentivos para contener movimientos migratorios. Todo puede tener una justificación individual y algunas de esas políticas son necesarias. El problema aparece cuando el dinero deja de ser un instrumento y empieza a convertirse en la respuesta automática.

Porque nuestros interlocutores también aprenden. Y aprenden rápido. Si un país descubre que ejercer presión sobre Europa termina generando una negociación económica, lo verdaderamente sorprendente sería que dejara de hacerlo. Si comprueba que el control de los flujos migratorios puede transformarse en una formidable herramienta de presión política, utilizará esa herramienta. Si percibe que una crisis fronteriza, una reivindicación territorial o un conflicto diplomático acaba colocando sobre la mesa nuevas ayudas, inversiones o acuerdos comerciales, ya hemos explicado nosotros mismos cuál es el mecanismo para conseguirlos.

Europa corre así el riesgo de convertirse en una gigantesca caja registradora geopolítica. Otros ponen la presión y nosotros ponemos el dinero.

Lo hemos visto especialmente alrededor de la inmigración. La Unión Europea necesita inevitablemente colaborar con países de origen y tránsito para controlar sus fronteras. Eso es perfectamente razonable. Lo que resulta mucho más discutible es construir una política en la que determinados terceros países puedan llegar a percibir que cuanto mayor sea el problema que sean capaces de trasladarnos, mayor será su capacidad negociadora frente a Bruselas.

Porque entonces estamos fabricando el incentivo equivocado. Quien controla una ruta migratoria posee una palanca. Quien puede abrirla, cerrarla o simplemente dejar de contenerla sabe que dispone de algo que Europa teme: presión sobre sus fronteras. Y cuando Europa responde fundamentalmente ofreciendo financiación, acuerdos o nuevas inversiones, el mensaje que puede terminar transmitiendo es peligrosísimo: presióname y negociaremos cuánto cuesta que dejes de hacerlo.

Después nos extrañamos de que vuelva a suceder.

La política exterior seria debería funcionar exactamente al contrario. Cooperación, por supuesto. Acuerdos económicos, también. Ayuda al desarrollo cuando tenga sentido y esté sometida a resultados, controles y condiciones. Pero junto al dinero deben existir exigencias, reciprocidad, consecuencias y una defensa inequívoca de los intereses europeos. Una Unión de cientos de millones de habitantes y una de las mayores economías del planeta no puede comportarse permanentemente como si su única capacidad de persuasión consistiera en preguntar cuánto cuesta que el problema desaparezca.

Y en España conocemos perfectamente esa manera de gobernar.

Pedro Sánchez ha convertido demasiadas veces la negociación territorial, especialmente con Cataluña y con los partidos independentistas, en una sucesión de concesiones políticas, financieras o competenciales presentadas después como grandes ejercicios de convivencia. Surge una exigencia y se negocia. Aparece otra y se vuelve a negociar. Y cuando el dinero público forma parte de la solución, parece que el coste se diluye porque no sale directamente del bolsillo de quien firma el acuerdo.

Ese es precisamente uno de los grandes vicios de la política contemporánea: gobernar con el dinero de los demás resulta extraordinariamente sencillo.

La famosa frase de Carmen Calvo —«el dinero público no es de nadie»— terminó convirtiéndose, seguramente contra la intención con la que fue pronunciada, en una de las mejores caricaturas de determinada concepción de la Administración. Naturalmente que el dinero público es de alguien. Es de los ciudadanos que trabajan, producen, consumen y pagan impuestos. Precisamente por eso un gobernante debería tener más cuidado gastándolo que si fuera suyo.

El problema de resolver permanentemente los conflictos mediante dinero no es solamente económico. Es político. Cada vez que alguien obtiene una recompensa después de ejercer presión, estás enseñando al siguiente cómo debe negociar contigo. Y cada vez que compras tranquilidad sin solucionar la causa del conflicto, no estás comprando una solución: estás alquilando tiempo.

Europa necesita comprenderlo.

Porque si dirigir la Unión Europea consiste en esperar a que aparezca una crisis, convocar una reunión, redactar un comunicado solemne y terminar poniendo más millones encima de la mesa, quizá estamos pagando demasiado por algunos cargos.

Para eso, insisto, también podría ser yo presidente de la Unión Europea.

Solo necesitaría una cosa.

Que me dejaran la cartera.

Miguel Ángel Arranz