AY, SI NO FUESEN 16 POLICÍAS Y FUESEN 16 PERROFLAUTAS

Hay algo que este Gobierno parece no terminar de comprender: los derechos no son patrimonio exclusivo de la izquierda. Tampoco las reivindicaciones laborales, las protestas o la indignación de quienes consideran que llevan demasiado tiempo siendo ignorados.

Ahora son policías los que han decidido encerrarse en dependencias del Ministerio del Interior para reclamar lo que consideran justo. Reivindicaciones que no nacieron ayer, que llevan años encima de la mesa y que ningún Gobierno ha querido resolver definitivamente.

Pero, naturalmente, estamos en campaña electoral. Y cuando protesta alguien que no pertenece al universo ideológico del sanchismo, la explicación parece estar escrita de antemano: son unos oportunistas, unos agitadores o unos fascistas que pretenden desgastar al Gobierno.

Qué curioso.

Cuando determinados colectivos salen a la calle, convocan manifestaciones, paralizan servicios o denuncian sus condiciones laborales, estamos ante el legítimo ejercicio de sus derechos. Profesores, sanitarios, funcionarios y organizaciones sociales pueden protestar cuando consideren oportuno. Y hacen bien.

Pero cuando lo hacen los policías, resulta que hay que mirar el calendario electoral.

¿De verdad alguien pretende convencernos de que las reivindicaciones de unos son sociales y las de otros necesariamente políticas? Porque aquí empieza la verdadera hipocresía.

Si quienes estuvieran encerrados fueran cuatro guarros perroflautas de los que tanto gustan a determinados sectores de la izquierda, probablemente estaríamos escuchando discursos sobre el diálogo, la sensibilidad social y la necesidad de comprender sus reivindicaciones.

Y si alguna antigua integrante de ETA anunciara una huelga de hambre, no me sorprendería ver a medio Gobierno pendiente de su situación. Poco más faltaría que desde Interior les llevaran la comida pagada para demostrar hasta qué punto comprenden su sufrimiento.

Pero aquí hablamos de policías. De profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de todos, incluidos quienes ahora parecen contemplar sus protestas como una incomodidad política. Y entonces cambia el discurso.

Ahora aparece el Estado de derecho. Ahora se recuerda que existen normas, procedimientos y límites. Ahora se exige respeto absoluto a la legalidad.

Por supuesto que hay que respetar la ley. También los policías. Nadie debería estar por encima de ella.

Pero esa exigencia tendría mucha más credibilidad si se aplicara siempre con el mismo entusiasmo. También cuando los guarros perroflautas de la Puerta del Sol deciden que las normas de convivencia, las restricciones sanitarias o las decisiones administrativas no van con ellos.

Porque la legalidad no puede ser una herramienta que se utiliza contra unos y se interpreta con exquisita comprensión cuando protestan los amigos ideológicos.

El problema de fondo no es que unos policías hayan decidido plantar cara al Ministerio del Interior. El problema es que sus reivindicaciones merecen una respuesta política seria, no una descalificación electoral.

La Policía no pide permiso para tener derechos. Y el Gobierno no debería exigirle silencio a quienes llevan años reclamándolos.

Porque cuando un Ejecutivo escucha con comprensión a quienes le resultan cómodos y responde con sospechas a quienes le incomodan, deja de gobernar para todos.

Y ese es el verdadero pulso: no el de la Policía contra el Gobierno, sino el de la igualdad de derechos contra la doble vara de medir del sanchismo.

Miguel Ángel Arranz