La justicia que justifica el relato

Hay escenas que retratan mucho mejor a un Gobierno que cualquier programa electoral. Y la de ayer ha sido una de ellas. Bastó conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalando la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el Derecho comunitario para que el Gobierno saliera en tromba a celebrarla. Ministros, dirigentes socialistas, socios parlamentarios y todo el ecosistema político afín reaccionaron prácticamente al unísono. Algunos incluso transmitían más entusiasmo que el propio Carles Puigdemont. El mensaje era idéntico: hoy es un gran día, la justicia europea les da la razón y la amnistía debe aplicarse cuanto antes.

Y aquí aparece la verdadera cuestión.

No es que celebren una sentencia favorable. Cualquier partido político puede hacerlo. Lo llamativo es el contraste con su comportamiento cuando las resoluciones judiciales afectan a los suyos. Porque entonces el discurso cambia de forma automática.

Cuando las investigaciones alcanzan al entorno de Pedro Sánchez, cuando aparecen imputaciones, cuando un juez toma decisiones incómodas para el Gobierno o cuando una resolución no encaja con el relato oficial, desaparecen las celebraciones. Entonces llegan las apelaciones a la prudencia.

“Hay que esperar.”

“Respetamos la decisión, pero no la compartimos.”

“Quedan muchos recursos.”

“No conviene precipitarse.”

“La última palabra todavía no está dicha.”

De repente, la justicia deja de ser infalible para convertirse en un proceso abierto cuya conclusión nunca debe anticiparse. Sin embargo, cuando el fallo favorece al Gobierno, desaparecen todas esas cautelas. Ya no hace falta esperar. Ya no existen instancias superiores. Ya no hay margen para la duda. La sentencia pasa a ser definitiva, incontestable y motivo suficiente para exigir que todos los demás la acepten sin discusión.

Es una doble vara de medir demasiado evidente. La justicia parece merecer respeto absoluto únicamente cuando coincide con los intereses políticos del Ejecutivo. Cuando no lo hace, empiezan las sospechas, las críticas veladas, las insinuaciones sobre determinados jueces o las llamadas a esperar futuras resoluciones.

No es una cuestión jurídica. Es una cuestión de coherencia democrática. Quien exige respeto para las decisiones judiciales debería respetarlas siempre, también cuando resultan incómodas.

Quien reclama prudencia cuando investiga a los suyos debería mantener esa misma prudencia cuando una sentencia favorece sus intereses.

Y quien convierte cada resolución favorable en una victoria política debería aceptar con la misma deportividad las resoluciones desfavorables.

La credibilidad institucional no consiste en aplaudir a los jueces cuando aciertan según uno y cuestionarlos cuando dejan de ser útiles. Consiste en asumir que el Estado de Derecho funciona precisamente porque las resoluciones no dependen de quién gobierna ni de quién se beneficia políticamente de ellas.

Lo preocupante no es que hoy celebren una sentencia. Lo preocupante es que hace tiempo dejaron de celebrar la independencia judicial y empezaron a celebrar únicamente aquellas decisiones que les permiten seguir sosteniendo su relato.

Miguel Ángel Arranz