¿Más funcionarios o mejor Estado?

Los datos invitan, como mínimo, a abrir un debate que en España parece casi prohibido. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, el empleo público ha aumentado en más de medio millón de personas, mientras que la población española apenas ha crecido alrededor de un 6 %. En ese mismo periodo, el empleo público lo ha hecho aproximadamente entre un 16 % y un 18 %. Es decir, el número de empleados públicos ha crecido varias veces más rápido que el número de habitantes.

Sin embargo, la cuestión no es cuántos funcionarios tiene un país, sino si ese incremento se traduce en una Administración más eficaz. Porque la sensación de muchos españoles es exactamente la contraria. Tenemos una Administración cada vez más grande, más costosa y, sin embargo, los problemas siguen acumulándose. Los trámites continúan siendo lentos, la burocracia no deja de crecer y la capacidad de respuesta del Estado en situaciones complejas sigue dejando muchas dudas. Los recientes incendios forestales han vuelto a poner sobre la mesa que el problema no siempre es la falta de recursos, sino dónde se destinan esos recursos.

Y ahí aparece una contradicción difícil de explicar. Mientras el número global de empleados públicos aumenta, sectores absolutamente esenciales siguen denunciando falta de personal. La sanidad pública continúa teniendo dificultades para cubrir determinadas especialidades; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan años reclamando más efectivos y, en muchos casos, la reposición apenas compensa las jubilaciones; y el sistema educativo también necesita reforzar plantillas en determinadas áreas. Es precisamente ahí donde el Estado debería concentrar sus esfuerzos: en aquellos servicios que garantizan la seguridad, la salud y la formación de los ciudadanos.

La pregunta, por tanto, es inevitable: ¿dónde están yendo esos cientos de miles de nuevos empleados públicos? Porque una parte importante del crecimiento se concentra en administraciones territoriales, organismos públicos, empresas públicas y entes instrumentales cuya utilidad real muchas veces resulta difícil de explicar al contribuyente. No todas esas estructuras son innecesarias, pero sí es legítimo preguntarse si todas aportan un valor proporcional al coste que suponen.

Además, se está produciendo un cambio sociológico preocupante. Durante décadas, ser funcionario era, sobre todo, una vocación de servicio público. Hoy, para muchos jóvenes extraordinariamente preparados, se ha convertido principalmente en una búsqueda de estabilidad laboral. Es una decisión perfectamente respetable, pero también supone que mucho talento deja de incorporarse a la investigación, al emprendimiento o a empresas privadas que generan innovación, riqueza y empleo. Un país necesita una Administración fuerte, sí, pero también necesita científicos, ingenieros, investigadores, empresarios y profesionales que impulsen su economía.

España no necesita más Estado por el simple hecho de tener más empleados públicos. Necesita un Estado mejor organizado, que coloque a las personas donde realmente hacen falta y que evalúe continuamente la utilidad de cada organismo que mantiene. El debate no debería ser si hacen falta más o menos funcionarios. El verdadero debate es qué funcionarios necesitamos, dónde los necesitamos y para qué los necesitamos. Porque el tamaño de una Administración nunca ha sido garantía de eficacia. Lo que marca la diferencia es su capacidad para resolver problemas y mejorar la vida de los ciudadanos.

Miguel Ángel Arranz