¿ ni de esto pide explicaciones la oposición dócil y domesticada de Alcobendas ?

Hay noticias que se venden solas. Si un desarrollo urbanístico como Los Carriles-Valgrande da un paso importante, cualquier medio de comunicación con un mínimo interés por la actualidad madrileña lo publicará porque tiene evidente interés informativo. Precisamente por eso resulta muy difícil entender que el Ayuntamiento de Alcobendas mantenga una estrategia basada en pagar de forma sistemática para que determinados medios publiquen este tipo de contenidos con un tratamiento extraordinariamente favorable. La pregunta ya no es si la noticia merece ser publicada. La pregunta es otra: ¿cuánto nos está costando a los vecinos este permanente autobombo institucional?

Porque el problema no es un anuncio aislado. El problema es un patrón que se repite una y otra vez. Siempre aparecen los mismos medios. Siempre con titulares extraordinariamente amables hacia el Gobierno municipal. Y, curiosamente, esos anuncios casi nunca vienen solos. Detrás suele llegar el correspondiente publirreportaje sobre la alcaldesa, entrevistas complacientes o reportajes que ensalzan su gestión y presentan cualquier actuación municipal como un éxito sin matices. Es decir, el dinero público no solo serviría para difundir una actuación del Ayuntamiento, sino que acaba generando un escaparate mediático donde la principal beneficiada es la imagen política de quien gobierna.

Resulta difícil creer que todo sea casualidad. Porque además esos mismos medios dedican amplios espacios a asuntos de Alcobendas cuya relevancia, siendo sinceros, difícilmente justificaría una cobertura nacional por su propio interés periodístico. La sensación es que existe una maquinaria perfectamente engrasada en la que primero llega la campaña institucional y, poco después, aparecen informaciones extraordinariamente favorables hacia la alcaldesa. Informar a los vecinos es una obligación. Financiar una estrategia permanente de promoción política con dinero de todos es algo muy distinto.

Lo verdaderamente llamativo es que muchas de estas noticias ni siquiera necesitarían ser pagadas. Si un desarrollo urbanístico tan importante como Los Carriles-Valgrande da un paso decisivo, cualquier periódico con interés en la información económica o urbanística terminaría publicándolo por su propio peso informativo. Entonces, ¿por qué pagar para conseguir una difusión que probablemente se produciría igualmente? Esa es la pregunta que nadie responde.

Y todavía resulta más sorprendente el silencio de la oposición. ¿Dónde están las peticiones de información? ¿Dónde están las preguntas sobre los contratos de publicidad institucional? ¿Dónde están las comparecencias para conocer cuánto dinero se destina cada año a este tipo de campañas y con qué criterios se adjudican? Fiscalizar el gasto público debería ser una de las principales funciones de cualquier oposición. Sin embargo, en Alcobendas da la sensación de que este asunto no interesa absolutamente a nadie.

Quizá por eso el Pleno municipal transmite una sensación cada vez más preocupante. Uno asiste a un Pleno de 2026 y cuesta encontrar diferencias con uno de 2011. Cambian los concejales, cambian algunos discursos y cambian los protagonistas, pero el resultado es prácticamente el mismo: debates previsibles, escasa fiscalización de los asuntos realmente importantes y muy pocas respuestas a las preguntas que afectan al bolsillo de los vecinos. Mientras tanto, los problemas siguen ahí y la política municipal parece instalada en una cómoda rutina donde casi nadie incomoda al poder.

La comunicación institucional es necesaria y nadie la discute. Un ayuntamiento tiene la obligación de informar de sus actuaciones. Pero cuando esa comunicación se convierte en una sucesión de anuncios pagados que, de forma reiterada, desembocan en publirreportajes de exaltación de la alcaldesa, deja de parecer una política de información para empezar a parecer una estrategia de marketing político financiada con dinero público.

La cuestión ya no es únicamente cuánto cuesta cada uno de estos anuncios. La verdadera pregunta es cuánto dinero público se está destinando, directa o indirectamente, a sostener una maquinaria de comunicación que termina beneficiando políticamente a quien gobierna. Y, sobre todo, por qué nadie en la oposición parece dispuesto a exigir explicaciones. Porque el silencio, cuando se trata de controlar el dinero de todos, también acaba siendo una forma de complicidad.

Miguel Ángel Arranz