¿Por qué lo llaman crisis migratoria cuando es una entrada ilegal en un país?

Últimamente escucho con demasiada frecuencia a cierta izquierda española hablar de crisis humanitaria cada vez que miles de personas acceden irregularmente a territorio español. Y sí, existe una dimensión humanitaria que ningún país civilizado debe ignorar. Hay personas vulnerables, situaciones dramáticas y obligaciones legales que España debe cumplir. Pero hay una parte de la realidad que parece haberse convertido en políticamente incorrecta: antes de la crisis humanitaria ha existido una entrada irregular de miles de personas en nuestro territorio. Y eso también es un problema. Uno muy serio.

El lenguaje importa porque termina construyendo el relato. Si solamente hablamos de humanidad, solidaridad, acogida y regularización, desaparece de la fotografía la cuestión fundamental: un Estado tiene fronteras y tiene derecho —y obligación— de controlarlas. No todo el que llega tiene automáticamente derecho a permanecer en España. Habrá personas con derecho a protección internacional, otras que podrán solicitar asilo y otras que, después de los procedimientos correspondientes, deberán abandonar el país. Explicar esto no es xenofobia, ni insolidaridad, ni falta de humanidad. Es explicar simplemente cómo funciona un Estado de derecho.

Ahí aparece uno de los complejos más habituales de determinada izquierda. Cuando alguien plantea controlar las fronteras inmediatamente surge el catálogo habitual: «se están buscando la vida», «hay que ser humanos», «hay que ser solidarios». Por supuesto que hay que ser humanos. Pero la humanidad no puede convertirse en una política migratoria. Un país no puede decidir quién entra únicamente en función de quién consigue llegar hasta su frontera. Porque entonces dejamos de tener una política de inmigración y pasamos a tener una política de hechos consumados: el que consigue entrar se queda y después ya veremos cómo solucionamos su situación.

Y conviene hacer otra precisión porque aquí también se manipula demasiado. Se escucha constantemente que determinadas devoluciones podrían vulnerar la legislación española o internacional. Perfecto: el Estado debe cumplir escrupulosamente la ley. Pero una cosa no elimina la otra. Que España tenga que respetar garantías jurídicas no convierte automáticamente en regular una entrada irregular. Son dos debates diferentes. El Estado no puede saltarse sus obligaciones porque alguien haya cruzado irregularmente una frontera, pero tampoco puede comportarse como si ese cruce fuera jurídicamente irrelevante. Esa es precisamente la diferencia entre un Estado de derecho y un Estado que renuncia a hacer cumplir sus propias normas.

Tenemos que ser capaces de abordar las dos cuestiones simultáneamente. Primero, atender dignamente a quien se encuentre en una situación de emergencia. Segundo, determinar quién tiene derecho legal a permanecer en España y quién no. Y tercero —algo de lo que parece que nadie quiere hablar—, evitar que miles de personas puedan volver a entrar irregularmente mañana. Porque limitarse a gestionar las consecuencias sin actuar sobre la frontera no es una política migratoria: es administrar permanentemente el problema.

La izquierda puede seguir refugiándose en las palabras más cómodas. Crisis humanitaria, acogida, solidaridad, empatía. Todas ellas son importantes. Pero falta otra: legalidad. Porque detrás de cada crisis humanitaria derivada de una entrada masiva existe también una cuestión de soberanía, fronteras y cumplimiento de las normas. España tiene la obligación moral de tratar dignamente a cualquier persona que llegue a nuestro territorio. Pero tiene exactamente la misma obligación política de decidir quién puede entrar, quién puede quedarse y quién debe marcharse. Y mientras tengamos miedo incluso de decir eso, no tendremos política migratoria. Tendremos relato.

Miguel Ángel Arranz