De cuando mandábamos un buque a proteger perroflautas

Hay decisiones políticas que definen la escala de prioridades de un Gobierno. Y pocas retratan mejor la España actual que comparar dos imágenes separadas por apenas unos meses. Para proteger a la llamada Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza, el Gobierno movilizó un buque de la Armada, con decenas de militares, medios públicos y un importante coste económico para garantizar la seguridad de unos activistas que habían decidido embarcarse voluntariamente en una acción de enorme repercusión mediática. Sin embargo, cuando miles de personas cruzan de forma violenta nuestra frontera sur en un episodio organizado desde Marruecos, la respuesta parece limitarse a unos pocos efectivos, con instrucciones de actuar con extrema cautela y, en muchos casos, más preocupados por las consecuencias jurídicas de intervenir que por ejercer el control efectivo de la frontera.

Ese contraste lo dice todo. Parece que el Estado despliega toda su capacidad cuando se trata de proteger una causa ideológica que resulta rentable para determinados sectores políticos, pero se vuelve extraordinariamente tímido cuando lo que está en juego es la defensa de su propia soberanía. Es difícil explicar a cualquier ciudadano que se destinen importantes recursos militares para escoltar una iniciativa privada de activistas mientras quienes tienen la obligación constitucional de proteger nuestras fronteras trabajan con limitaciones que, en ocasiones, dificultan el cumplimiento de su propia misión.

Resulta especialmente llamativo que, en plena presión migratoria sobre Ceuta, una parte de los efectivos desplegados tuviera como misión prioritaria reforzar la seguridad de establecimientos comerciales y otras infraestructuras, mientras la sensación de muchos ciudadanos era que la frontera seguía desbordada. Proteger el orden público y evitar saqueos es una función legítima, pero un Estado transmite una imagen preocupante cuando parece llegar antes para custodiar un supermercado que para impedir que su frontera sea vulnerada.

Mientras tanto, desde determinados ámbitos se insiste en que todo debe contemplarse únicamente como una crisis humanitaria. Nadie discute que existan situaciones personales dramáticas. Pero una cosa es atender a quien necesita ayuda y otra muy distinta renunciar a controlar quién entra, cómo entra y bajo qué condiciones. Un Estado serio puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. De hecho, esa es precisamente su obligación.

Porque al final esa es la gran pregunta que muchos españoles se hacen: ¿cómo es posible que haya más determinación para proteger una flotilla de activistas que para defender la frontera de España? Si esa pregunta sigue sin una respuesta convincente, el problema ya no será únicamente la presión exterior. Será la pérdida de confianza de los propios ciudadanos en la capacidad del Estado para cumplir con su función más básica: proteger a su nación y a quienes viven en ella.

Miguel Ángel Arranz