A LOS FUNCIONARIOS NUNCA LOS VERÉIS APOYANDO OTRA HUELGA QUE NO SEA LA SUYA

Defender lo público está muy bien. El problema empieza cuando lo público se convierte en una excusa para defender exclusivamente lo propio.

Hay una parte del funcionariado español que ha conseguido algo verdaderamente extraordinario: convertir sus reivindicaciones laborales particulares en causas nacionales. Cuando ellos hacen huelga, no están defendiendo sus salarios, sus horarios o sus condiciones laborales. No. Están «defendiendo lo público». Y, por supuesto, el resto de los españoles tenemos la obligación moral de apoyarlos, comprenderlos y, sobre todo, sufrir las consecuencias.

Porque esa es otra. El ciudadano siempre acaba convertido en rehén de unas reivindicaciones que, curiosamente, nunca son las suyas.

Ahora bien, hagamos un ejercicio de memoria. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a miles de profesores manifestándose por las condiciones laborales de los médicos? ¿Cuándo vimos a los médicos paralizando su actividad para defender a los profesores? ¿Cuándo hemos visto a los funcionarios movilizarse masivamente por las condiciones laborales de los policías?

Y vayamos todavía más lejos. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a esos grandes defensores de lo público salir a la calle para apoyar a los trabajadores de Mango, de una fábrica, de una empresa de limpieza o de cualquier compañía privada?

No os esforcéis demasiado en buscar.

La solidaridad laboral parece tener fecha de caducidad justo donde termina la nómina propia.

Y aquí está la gran hipocresía de determinados sectores del funcionariado. Cuando necesitan el respaldo ciudadano, nos hablan de solidaridad, de derechos colectivos, de servicios esenciales y del futuro de nuestros hijos. Pero cuando quien necesita apoyo es un trabajador del sector privado, ese que puede perder su empleo mañana, ese que no tiene garantizada su continuidad laboral y que también paga impuestos, entonces la solidaridad se vuelve bastante más discreta.

Porque defender lo público es necesario. Absolutamente necesario. Pero defender lo público no puede significar defender exclusivamente mi sueldo, mi jornada, mis vacaciones y mis condiciones laborales mientras utilizo a los ciudadanos como instrumento de presión.

Y luego está el eterno discurso de los salarios. Ese mantra de que los funcionarios cobran poco. ¿Poco respecto a quién? Porque convendría comparar puestos equivalentes, responsabilidades, formación, estabilidad y condiciones laborales antes de seguir repitiendo determinadas consignas. No todos los empleados públicos cobran más que sus equivalentes del sector privado, pero tampoco se puede ignorar que muchos disfrutan de una estabilidad laboral que millones de trabajadores españoles ni siquiera pueden soñar.

Y esa estabilidad también tiene un valor económico. Aunque nunca aparezca en la pancarta.

Lo verdaderamente irritante no es que un funcionario reivindique mejores condiciones. Está en su derecho, exactamente igual que cualquier trabajador. Lo irritante es pretender que sus intereses particulares sean automáticamente los intereses generales de toda España.

Porque cuando un profesor hace huelga, hay familias que tienen que reorganizarse. Cuando la hace un sanitario, hay pacientes que sufren retrasos. Y cuando se paraliza un servicio público, quien paga las consecuencias suele ser precisamente quien ya lo está financiando con sus impuestos.

Y a ese ciudadano nadie le pregunta si está de acuerdo con convertirse en moneda de cambio.

Por supuesto que existen funcionarios solidarios, comprometidos y capaces de defender causas ajenas. Pero eso no debería servir para evitar una crítica incómoda: demasiadas veces se exige una solidaridad que después no se practica.

Así que la próxima vez que alguien nos pida salir a la calle para «defender lo público», quizá convendría hacerle una pregunta muy sencilla:

¿Estamos defendiendo lo público o estamos defendiendo lo tuyo?

Porque no es lo mismo. Y algunos llevan demasiados años haciendo creer que sí.

Miguel Ángel Arranz