¿Y SI SÁNCHEZ QUISIESE IMPUGNAR LAS ELECCIONES QUE HA CONVOCADO?

Hay algo que no termina de cuadrar en la insistencia del sanchismo por sacar adelante la llamada ley de Nieto. Y no me refiero únicamente a los aproximadamente 160.000 ciudadanos que podrían verse afectados por esta reforma electoral. Son votos, naturalmente. Pero difícilmente una cifra así, por sí sola, explica semejante empeño político. Estamos hablando de una cantidad que, dependiendo de su distribución territorial, podría influir en determinados escaños, pero que no parece justificar por sí misma toda esta batalla.

Por eso conviene hacerse una pregunta bastante más incómoda: ¿y si el verdadero objetivo no estuviese en ganar votos antes de las elecciones, sino en disponer de un argumento para cuestionarlas después?

Porque una cosa es modificar las reglas electorales para ampliar derechos y otra muy distinta es empeñarse en hacerlo a las puertas de unas elecciones especialmente complicadas para quien gobierna. Y cuando las reglas del juego se convierten en objeto de disputa política, el problema ya no es solamente cuántos ciudadanos votan. El problema es qué puede ocurrir cuando se conozca el resultado.

Imaginemos por un momento que Pedro Sánchez pierde las elecciones del 29 de noviembre. Imaginemos que la diferencia es ajustada y que existe una controversia jurídica pendiente sobre la aplicación de una reforma electoral. ¿Alguien puede descartar que el sanchismo intente utilizar esa circunstancia para cuestionar el resultado, denunciar una supuesta vulneración de derechos o alimentar la sospecha sobre la legitimidad de las urnas?

No estoy afirmando que exista un plan organizado para impugnar las elecciones. Estoy planteando una hipótesis política. Pero precisamente por eso merece la pena analizar qué interés tiene el Gobierno en mantener abierta una controversia de semejante naturaleza.

Y aquí aparece una contradicción especialmente llamativa. La izquierda española lleva años presentando a Donald Trump como el ejemplo de todo aquello que una democracia no debe tolerar: cuestionar resultados, sembrar dudas sobre las instituciones y convertir una derrota electoral en una batalla permanente por la legitimidad del vencedor.

¿Y si quienes tanto critican el trumpismo estuviesen preparando su propia versión del manual?

No haría falta asaltar ninguna institución. Bastaría con trasladar la batalla de las urnas a los tribunales, convertir una controversia electoral en una campaña política y presentar cualquier resultado adverso como sospechoso.

Porque el verdadero peligro para una democracia no está solamente en quienes se niegan a aceptar una derrota. También está en quienes empiezan a construir argumentos para no tener que aceptarla.

Pedro Sánchez ha convocado unas elecciones. Ahora debe garantizar que se celebren con reglas claras, seguridad jurídica y absoluto respeto al resultado. Sin excusas, sin interpretaciones interesadas y sin convertir la legislación electoral en un instrumento de supervivencia política.

Porque las elecciones se convocan para que decidan los ciudadanos, no para que el gobernante decida después si acepta lo que han votado.

Y quizá esa sea la pregunta que deberíamos hacernos antes del 29 de noviembre: ¿está Sánchez preparando una campaña para ganar las elecciones o está buscando argumentos para cuestionarlas si las pierde?

Miguel Ángel Arranz