LA FAMIGLIA: DE LOS AVALES DE ALCOBENDAS A LOS JUZGADOS DE CORREOS

Hay nombres que aparecen una vez en una noticia y desaparecen. Otros, sin embargo, parecen tener la extraordinaria capacidad de encontrarse siempre en las proximidades del poder. Y cuando uno empieza a tirar del hilo, descubre que detrás de determinados nombramientos, empresas públicas, adjudicaciones y avales aparecen personajes que llevan años moviéndose por los mismos círculos políticos. Es lo que llevo tiempo denominando La Famiglia Sánchez Acera. Una denominación política, naturalmente, pero que describe a mi juicio una forma de entender el poder donde las relaciones personales, familiares y políticas merecen bastante más atención de la que reciben.

La última noticia nos llega desde la Audiencia Provincial de Madrid. Un tribunal ha ordenado investigar presuntas irregularidades en contrataciones de Correos durante la etapa en la que Juan Manuel Serrano presidía la empresa pública y Leire Díez ocupaba responsabilidades en ella. Hablamos de contratos millonarios, posibles irregularidades administrativas y una adjudicación de seguridad de aproximadamente diez millones de euros incluida entre las operaciones cuestionadas. No estamos hablando de una condena, pero tampoco de una simple conversación de barra de bar. Estamos hablando de una resolución judicial que considera necesario investigar hechos que inicialmente habían quedado fuera del procedimiento.

Y aquí aparece Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez y posteriormente presidente de Correos. Uno de esos hombres de confianza que pasaron de los despachos políticos a dirigir estructuras públicas de enorme importancia. La justicia tendrá que determinar si existieron irregularidades y quiénes fueron sus responsables. Pero políticamente resulta legítimo preguntarse cómo se gestionaban determinadas contrataciones y qué controles funcionaron durante aquellos años.

Sin embargo, quiero detenerme en otro nombre. Uno que conozco bien por mis investigaciones sobre las conexiones entre Alcobendas y las estructuras del poder estatal.

Rafael Sánchez Acera.

Porque Rafael Sánchez Acera no es un personaje secundario en esta historia política que llevo tiempo investigando. Es consejero delegado de CERSA, una sociedad mercantil estatal que participa en el sistema de garantías financieras para pequeñas y medianas empresas. Y es también una de las figuras que he incluido en esa serie que he bautizado como La Famiglia, precisamente por las relaciones familiares y políticas que rodean a determinados cargos próximos al socialismo madrileño.

Y aquí conviene recordar algo que considero especialmente importante.

En la documentación que hemos venido examinando sobre Arcamo Group aparecen operaciones de financiación avalada durante 2025, coincidiendo con Rafael Sánchez Acera al frente de CERSA. Entre ellas figuran tres importes fechados el 16 de junio: 110.000, 75.000 y 56.250 euros, además de otra operación de 225.000 euros el 7 de agosto. En conjunto, hablamos de 466.250 euros en importes de operaciones que merecen un examen documental detallado.

Ahora bien, una precisión fundamental: un aval no es una subvención a fondo perdido, ni necesariamente dinero entregado directamente por CERSA. Es una garantía financiera sometida a condiciones y responsabilidades. Tampoco está acreditado que Rafael Sánchez Acera aprobara personalmente esas operaciones. Precisamente por eso quiero conocer los expedientes completos, quién intervino en cada decisión, qué riesgos se asumieron y cuáles fueron los criterios aplicados.

Porque aquí empieza la verdadera cuestión política.

¿Quién decidió respaldar esas operaciones? ¿Qué garantías se exigieron? ¿Qué participación concreta tuvo CERSA? ¿Quién autorizó cada operación y con qué informes? ¿Existieron relaciones personales o profesionales que debieran haberse declarado?

Son preguntas perfectamente legítimas cuando hablamos de estructuras financieras respaldadas por recursos públicos. Y son preguntas que Rafael Sánchez Acera, como máximo responsable ejecutivo de CERSA, debería contribuir a aclarar con toda la documentación necesaria.

Lo que me resulta especialmente llamativo es esa permanente presencia de nombres próximos al poder socialista en organismos, sociedades públicas y operaciones empresariales. No estoy afirmando que exista una trama delictiva entre Correos, Arcamo y CERSA. No hay pruebas suficientes para sostener semejante conclusión. Pero tampoco pienso renunciar a examinar las conexiones políticas y económicas que puedan documentarse.

Porque una cosa es la responsabilidad penal, que corresponde determinar exclusivamente a los tribunales, y otra muy distinta la responsabilidad política y la obligación de transparencia.

Y en ese terreno, la exigencia debe ser máxima.

Durante demasiado tiempo hemos aceptado que determinadas sociedades públicas funcionen lejos del escrutinio cotidiano de los ciudadanos. Se conocen sus presidentes, sus consejeros delegados y sus grandes cifras, pero resulta bastante más complicado reconstruir las decisiones concretas que afectan a operaciones financieras, contratos y beneficiarios.

¿No sería razonable que cualquier ciudadano pudiera conocer con claridad cómo se han gestionado los avales relacionados con Arcamo? ¿No debería Rafael Sánchez Acera explicar qué intervención tuvo su organismo y cuáles fueron los mecanismos de control? ¿No sería saludable publicar toda la información legalmente accesible para despejar cualquier sospecha?

La transparencia no debería depender de que un periodista encuentre un documento o de que un tribunal ordene investigar una actuación administrativa.

Y mientras seguimos tirando de ese hilo, aparece nuevamente Correos.

Porque Correos no es una empresa pública cualquiera. Es también una pieza esencial del sistema electoral español, encargada de una parte fundamental del procedimiento del voto por correo. Y precisamente por eso las noticias sobre posibles irregularidades en su contratación pública resultan especialmente sensibles.

Conviene distinguir dos cuestiones: la investigación judicial sobre contratos no demuestra que se manipularan votos, ni que fallara la custodia electoral en 2023. Son asuntos diferentes y sería irresponsable presentarlos como una misma causa. Pero eso no significa que los ciudadanos no puedan exigir explicaciones, auditorías y garantías reforzadas sobre todos los procedimientos que afectan a sus votos.

Cuando una institución pública acumula controversias, su credibilidad puede deteriorarse incluso aunque las irregularidades investigadas no tengan relación directa con su función electoral. Y la confianza, una vez dañada, cuesta muchísimo recuperarla.

No me sorprende que algunos ciudadanos se planteen acudir personalmente a las urnas en lugar de utilizar el voto por correo. Es una decisión legítima. Pero también hay que decir que el voto por correo sigue siendo un procedimiento legal, sometido a garantías y controles, y que no existe en esta investigación judicial una prueba de fraude electoral.

Lo que corresponde exigir no es que se extienda el miedo, sino que las instituciones despejen cualquier duda con datos, controles y explicaciones públicas.

Volvamos a La Famiglia.

Rafael Sánchez Acera dirige CERSA. Pilar Sánchez Acera ha desarrollado una trayectoria política relevante dentro del socialismo madrileño y del entorno institucional socialista. Ambos forman parte de esa red familiar y política que llevo tiempo analizando. Que dos familiares ocupen responsabilidades públicas no constituye por sí mismo ninguna irregularidad. Pero sí justifica examinar con especial atención cómo se toman determinadas decisiones cuando entran en juego recursos, nombramientos y relaciones de poder.

Y aquí es donde quiero poner el foco: no basta con que las operaciones sean formalmente legales; también debe poder explicarse públicamente por qué se hicieron, cómo se aprobaron y quién asumió la responsabilidad.

La noticia judicial sobre Correos no demuestra una conexión operativa con Arcamo o CERSA. Sería falso afirmarlo. Lo que sí demuestra es que la actuación de determinados responsables de una gran empresa pública durante aquellos años merece nuevas diligencias judiciales. Y eso debería servir para recordar que ninguna estructura estatal, por importante que sea, puede considerarse inmune al control.

Juan Manuel Serrano tendrá que afrontar el escrutinio derivado de las investigaciones sobre su etapa en Correos, en el alcance que finalmente determine el procedimiento. Leire Díez también deberá responder de sus actuaciones ante los órganos competentes. Y Rafael Sánchez Acera, aunque no está acreditado que tenga relación con esta causa judicial, debería ofrecer la máxima transparencia sobre las operaciones de CERSA que afectan a las empresas que estamos investigando.

Porque la pregunta que llevo tiempo formulándome sigue siendo la misma: ¿estamos ante una sucesión de trayectorias y decisiones independientes o ante una forma de ejercicio del poder que favorece sistemáticamente la proximidad política?

La respuesta no puede construirse a base de insinuaciones. Necesita expedientes, fechas, contratos, decisiones y responsables identificados. Precisamente por eso merece la pena seguir investigando.

La Famiglia no es una sentencia judicial. Es el nombre de una investigación periodística y de una crítica política a la concentración de relaciones familiares, institucionales y de poder.

Y si todo se hizo correctamente, que se enseñen los documentos. Que se expliquen los avales. Que se conozcan los criterios. Que se despejen las dudas.

Porque los ciudadanos no tienen por qué conformarse con escuchar que todo fue legal. Tienen derecho a comprobar que también fue transparente, objetivo y ajeno a cualquier favoritismo.

Y mientras esas explicaciones no lleguen, seguiremos preguntando.

Porque el dinero público no es patrimonio de ninguna famiglia. Y las instituciones del Estado, tampoco.

Miguel Ángel Arranz