AGUA CON DNI: España 2026

Hay imágenes que explican mejor un país que cien discursos. En Las Navas del Marqués, Ávila, más de 6.000 personas se han encontrado con que el agua de sus grifos no es apta para beber ni cocinar. Hasta ahí, una incidencia grave que puede ocurrir y que habrá que explicar. Lo verdaderamente surrealista viene después.

Para ir a recoger agua potable de una cisterna municipal hay que ser mayor de edad, llevar el DNI y acudir con el recipiente de casa. Y allí está la Policía Local para comprobar la identidad de los usuarios y organizar el reparto. No es una exageración periodística. Está escrito por el propio Ayuntamiento.

Bienvenidos a la distopía española: para beber agua, DNI.

Y, por cierto, gobierna el Partido Popular. La alcaldesa es María del Mar Díaz Sastre. Conviene decirlo porque aquí no se trata de ponerse una camiseta política, sino de denunciar una decisión que me parecería igual de absurda si la hubiera firmado el PSOE, Vox, Sumar o el mismísimo sursuncorda.

Ahora imagínese por un momento que a quienes han entrado irregularmente desde Marruecos se les aplicara esa misma filosofía burocrática para recibir asistencia básica: «DNI, identificación, recipiente, comprobación policial y después hablamos». ¿Cuánto tardaríamos en escuchar que semejante procedimiento es inhumano, insolidario e intolerable?

Pues a un vecino español, en su propio municipio, para recoger agua potable, sí se le exige identificarse.

Y ya sé lo que me va a decir algún acomplejado: «Hombre, Miguel Ángel, será para garantizar que llegue agua a todo el mundo y evitar que algún listo se lleve más de la cuenta».

Magnífico. Ya tenemos explicación administrativa para todo.

Precisamente ahí está el problema. Hemos construido un país donde al ciudadano cumplidor siempre sabemos cómo controlarlo. Para él tenemos DNI, padrón, formularios, límites, horarios, requisitos, policías comprobando identidades y una explicación burocrática perfectamente redactada. El Estado conoce de memoria el verbo exigir cuando tiene delante a quien sabe que va a obedecer.

Mientras tanto, España lleva años demostrando enormes dificultades para controlar la inmigración irregular y ejecutar buena parte de las expulsiones cuando legalmente corresponden. No confundamos, además, asistencia humanitaria con derecho automático a permanecer en España: jurídicamente son cuestiones distintas. Pero políticamente el contraste resulta demoledor.

Porque esto no va realmente de una cisterna.

Va de la sensación cada vez más extendida de que al de casa se le exige demostrar hasta que tiene derecho a ponerse en una cola para beber agua, mientras frente a otros problemas muchísimo más complejos el Estado parece descubrir de repente una flexibilidad infinita.

Las Navas del Marqués tiene más de 6.000 personas afectadas por un agua que temporalmente no pueden beber. Y la solución de emergencia ha incluido un control documental para acceder al reparto. Quizá sea perfectamente defendible desde un despacho.

Pero explíqueselo al vecino que paga sus impuestos, abre el grifo y no puede beber, coge una garrafa vacía, baja a la plaza y, antes de llenarla, tiene que sacar la cartera.

—El DNI, por favor.

España, 2026.

Para algunas cosas somos incapaces de controlar una frontera.

Para una garrafa de agua tenemos hasta control de identidad.

Miguel Ángel Arranz