Confirmado: están totalmente fuera de la realidad.

Hay debates políticos que solo pueden producirse cuando quien los protagoniza hace mucho tiempo que dejó de pisar una fábrica, una oficina, un comercio o un almacén.

La polémica de estos días sobre las bajas laborales es el mejor ejemplo. Desde la izquierda política y mediática se ha querido vender que plantear un mayor control sobre las bajas médicas equivale poco menos que a declarar la guerra a los trabajadores. Es una caricatura interesada que no se sostiene en cuanto se habla cinco minutos con cualquier persona que tenga un empleo.

Porque la pregunta es muy sencilla.

¿Quién no conoce al compañero que siempre encuentra el momento perfecto para cogerse una baja?

¿Quién no conoce al que convierte un esguince en dos meses de vacaciones?

¿Quién no conoce al que antes de un puente ya deja caer que “igual tiene que darse de baja”?

¿Quién no conoce al que lleva medio año sin aparecer por el trabajo y presume de vivir mejor que cuando trabajaba?

¿Quién no conoce casos de personas que estando oficialmente de baja se van de viaje, hacen reformas en casa, estudian una oposición o desarrollan otras actividades incompatibles con la incapacidad que supuestamente padecen?

Negar que esto existe es vivir completamente desconectado de la realidad. Y precisamente porque todos conocemos casos así, la inmensa mayoría de los trabajadores honrados son los primeros que se indignan.

Porque el problema no es quien está enfermo. El problema es quien finge estarlo. Y mezclar ambas cosas es profundamente injusto.

España necesita un sistema de protección para quien realmente no puede trabajar. Eso no admite discusión. Nadie con un mínimo de sentido común quiere dejar desprotegido al trabajador que sufre un cáncer, una operación, una depresión diagnosticada o cualquier enfermedad incapacitante.

Ese sistema es imprescindible. Pero precisamente para protegerlo hay que perseguir el fraude.

Porque cada baja fingida la pagan millones de españoles con sus impuestos.

La paga el autónomo que no puede cerrar su negocio. La paga el trabajador que tiene que asumir el trabajo del compañero ausente. La paga la empresa que pierde productividad.

Y la pagan, sobre todo, quienes realmente necesitan esas prestaciones. Resulta curioso escuchar a determinados dirigentes escandalizarse cuando alguien habla de controlar el fraude en las bajas laborales, mientras guardan un silencio absoluto cuando ese mismo dinero público termina financiando casos de corrupción, mordidas, prostitutas, cocaína o redes clientelares que hoy están siendo investigadas judicialmente.

Ahí no parece haber tanta preocupación por proteger los recursos públicos. Pero controlar una baja sospechosa… eso sí parece intolerable. La lógica es exactamente la contraria. Igual que existen controles de alcoholemia. Igual que existen controles antidopaje.

Igual que Hacienda inspecciona declaraciones. Igual que la Inspección de Trabajo controla el fraude laboral.

También debe existir un sistema eficaz para detectar las bajas fraudulentas.

Porque controlar no significa perseguir al enfermo. Controlar significa proteger al que cumple.

La inmensa mayoría de los trabajadores españoles son personas responsables que acuden a su puesto incluso encontrándose mal muchas veces. Son ellos quienes sostienen el sistema. Son ellos quienes financian las prestaciones. Y son precisamente ellos quienes tienen derecho a exigir que nadie abuse de un mecanismo pensado para proteger situaciones reales de incapacidad.

Lo verdaderamente radical no es pedir controles. Lo verdaderamente radical es pretender que señalar un fraude evidente se convierta en un tabú político. Negar una realidad que millones de españoles ven todos los días en sus centros de trabajo no es defender a los trabajadores.

Es simplemente demostrar que algunos llevan demasiado tiempo viviendo muy lejos de la realidad.

Miguel Ángel Arranz