El nacionalismo migratorio

Hay decisiones políticas que no buscan resolver problemas. Buscan reafirmar poder. Y cuando eso ocurre, los ciudadanos —sean nacidos aquí o recién llegados— dejan de ser personas para convertirse en instrumentos.

La propuesta del Govern de exigir el catalán como requisito para renovar la residencia no nace de una necesidad social urgente. Nace de una pulsión identitaria. Una más. Una vuelta de tuerca adicional en esa lógica según la cual todo debe someterse a la causa superior del nacionalismo.

No es nuevo. Ya lo hemos visto con los porcentajes obligatorios en programación radiofónica y televisiva. Con la rotulación forzosa de comercios. Con la fiscalización lingüística como si se tratara de un carnet de pureza cultural. Ahora el foco son los inmigrantes. El mensaje es claro: si quieres quedarte, pasa por el aro.

Y aquí conviene detenerse. Un proceso de regularización tiene un objetivo evidente: integrar. Dignificar la vida de quien llega. Permitirle trabajar, cotizar, aportar y formar parte de la sociedad en igualdad. Ese es el sentido lógico y moral de cualquier política migratoria seria. Para cualquiera que entienda la política como servicio público.

Pero no para quienes han convertido la inmigración en una herramienta electoral. No para quienes ven en cada regularización una bolsa de votos potenciales. No para quienes subordinan la cohesión social a la aritmética parlamentaria.

Y tampoco para el nacionalismo, cuyo objetivo no es integrar ciudadanos libres, sino consolidar adhesiones. Porque cuando se impone una lengua como filtro administrativo no se está integrando: se está seleccionando. Se está moldeando. Se está orientando la pertenencia hacia un proyecto identitario concreto.

Además, se crea una doble barrera de entrada. El inmigrante regularizado necesita el castellano para desenvolverse en el conjunto de España. Y ahora se le exige también el catalán como condición formal para renovar su residencia. Dos exigencias donde otros solo encuentran una realidad práctica. Eso no es igualdad. Es penalización.

¿O se pretende algo distinto? ¿Que su vida administrativa y social quede encapsulada exclusivamente en el catalán? ¿Que su marco de referencia sea únicamente el que define el nacionalismo? Si esa es la estrategia, entonces ya no hablamos de integración, sino de adscripción dirigida. No es convivencia. Es ingeniería social.

El patrón se repite. Se impuso una política lingüística asimétrica a españoles residentes en Cataluña. Se presionó culturalmente a catalanes que no compartían el discurso dominante. Ahora el turno es para los inmigrantes. Todos convertidos en piezas.

Porque el nacionalismo, cuando pierde el sentido de límite, ya no busca ciudadanos críticos. Busca dependencias. Busca lealtades inducidas. Busca, en última instancia, súbditos culturales antes que ciudadanos libres.

Lo paradójico es que todo esto se envuelve en el lenguaje de la inclusión. Pero integrar es abrir puertas, no colocar filtros ideológicos. Integrar es ampliar derechos, no condicionarlos a una adhesión identitaria.

La regularización debería ser una herramienta de dignificación y estabilidad. Sin apellidos. Sin segundas intenciones. Sin convertir a personas vulnerables en instrumentos políticos.

Cuando la política migratoria deja de centrarse en la persona y se centra en el proyecto de poder, el resultado no es integración. Es control. Eso es el nacionalismo migratorio. Y su objetivo no es la convivencia. Es la consolidación de poder.

Miguel Ángel Arranz