El sanchismo sigue echando el pulso

Hay una constante que se repite en todos los procesos de degradación institucional: el poder nunca se conforma con gobernar. Aspira a controlar. Gobernar tiene límites; controlar significa eliminar esos límites.

Las informaciones conocidas sobre la situación interna de la Agencia Tributaria, con dimisiones en su cúpula y denuncias sobre injerencias políticas, vuelven a abrir un debate que trasciende a un organismo concreto. La cuestión no es únicamente qué ocurre en Hacienda. La cuestión es hasta dónde puede llegar un Gobierno en su intento de extender su influencia sobre los órganos que deberían actuar con autonomía.

Las democracias liberales se sostienen sobre un principio muy sencillo: los contrapoderes existen para impedir que quien gobierna pueda hacerlo todo. Cuando esos contrapoderes empiezan a debilitarse, la calidad democrática también se resiente.

Durante esta legislatura hemos asistido a una batalla permanente por aumentar la influencia política sobre instituciones clave. La radiotelevisión pública ha sido objeto de una intensa disputa por su control. Ahora, las noticias sobre la Agencia Tributaria proyectan la imagen de un organismo sometido a tensiones internas derivadas, según diversas informaciones periodísticas, de decisiones políticas.

No es un asunto menor. La Agencia Tributaria no es un una estructura menor. Es el órgano encargado de recaudar los recursos con los que funciona el Estado. En cualquier sistema democrático debe actuar con absoluta independencia técnica, al margen de cualquier interés partidista. La confianza de los ciudadanos en la igualdad ante la ley depende también de ello.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene un pulso constante con otros dos pilares fundamentales del Estado: la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Son precisamente estas instituciones las que, en un Estado de derecho, investigan los posibles delitos, persiguen la corrupción y garantizan que nadie esté por encima de la ley.

Hasta ahora, pese a las tensiones y a las críticas cruzadas, esos ámbitos han seguido funcionando con un elevado grado de autonomía institucional. Jueces, fiscales y numerosos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad continúan desarrollando su trabajo conforme a los procedimientos legales, incluso cuando las investigaciones afectan a personas cercanas al poder político. Esa capacidad de actuar con independencia constituye uno de los principales mecanismos de protección del Estado de derecho.

Precisamente por eso, la fortaleza de una democracia no se mide cuando todo funciona bien, sino cuando quienes gobiernan aceptan que existen instituciones que pueden fiscalizar su actuación sin recibir presiones.

La confianza en las instituciones no se recupera concentrando más poder, sino reforzando su independencia. Porque cuando los ciudadanos empiezan a sospechar que los organismos públicos responden antes a intereses políticos que al interés general, el daño institucional tarda muchos años en repararse.

España necesita gobiernos fuertes, sí, pero también instituciones todavía más fuertes. Porque los gobiernos pasan. Las instituciones deberían permanecer al servicio de todos los españoles, con independencia de quién ocupe temporalmente el poder.

Miguel Ángel Arranz