INDRA multado con 13 millones por manipular contratos con el gobierno, estos son los que controlan los votos en las urnas

La democracia no solo tiene que ser limpia. También tiene que parecerlo.

Y precisamente por eso la noticia conocida esta semana debería hacer reflexionar a cualquiera. El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 13,5 millones de euros impuesta a Indra por su participación en un cártel de licitaciones públicas destinado a alterar la competencia durante años. No hablamos de un error administrativo. Hablamos de una sanción confirmada judicialmente por prácticas muy graves relacionadas con contratos públicos.

La pregunta es inevitable.

¿Es razonable pedir a los ciudadanos un acto de fe absoluto hacia una empresa que ha sido sancionada por amañar concursos públicos con la Administración?

Porque Indra no es una empresa cualquiera. Es una de las compañías que desempeñan un papel esencial en la infraestructura tecnológica de nuestros procesos electorales, encargándose del tratamiento y la difusión provisional de los resultados. Esa responsabilidad exige un nivel de credibilidad prácticamente intachable.

Y la credibilidad no se impone. Se gana.

Lo verdaderamente preocupante no es solo la multa. Es el modus operandi que describieron los órganos de Competencia: acuerdos entre empresas, reparto de contratos, utilización de información privilegiada y mecanismos para limitar la competencia. Si una compañía ha sido condenada por participar en un sistema destinado a falsear la libre concurrencia en contratos públicos, es lógico que muchos ciudadanos se pregunten si esa empresa debe seguir ocupando una posición tan sensible para el funcionamiento de nuestra democracia.

No se trata de afirmar que unas elecciones hayan sido manipuladas. No existe ninguna prueba pública que permita sostener semejante acusación. Pero precisamente porque no debe existir ni la más mínima sombra de duda, el nivel de exigencia debe ser máximo.

En cualquier democracia madura, la confianza en el sistema electoral se protege eliminando cualquier elemento que pueda deteriorarla. Cuando una empresa acumula una sanción de esta gravedad por actuaciones relacionadas con la Administración, la cuestión ya no es únicamente jurídica. Es institucional.

La confianza pública es mucho más difícil de recuperar que un contrato. Por eso quizá haya llegado el momento de abrir un debate sereno pero firme. ¿Debe una empresa sancionada por un cártel en contratos públicos seguir desempeñando un papel tan relevante en la infraestructura tecnológica electoral? ¿No sería más prudente establecer auditorías completamente independientes, controles externos permanentes y sistemas de verificación adicionales que refuercen la confianza de todos los ciudadanos?

La democracia vive de la confianza.

Y esa confianza no puede descansar únicamente sobre la palabra de quienes ya han sido condenados por vulnerar las reglas del juego en otros ámbitos de la contratación pública.

Cuando lo que está en juego es la credibilidad del sistema democrático, la transparencia nunca sobra. La opacidad, en cambio, siempre termina pasando factura.

Miguel Ángel Arranz