La iglesia a callar, según Sánchez

No soy de exhibir mis creencias —ni las tengo que exhibir— porque cuando uno opina como ciudadano eso es irrelevante. Lo que importa es el argumento, no el credo. Precisamente por eso resulta bochornoso el doble rasero que se ha instalado en este país: aquí puede opinar cualquier líder de una asociación LGTBI y su palabra es sagrada; puede opinar cualquier portavoz de una organización feminista y hay que escucharle con devoción; puede opinar cualquier colectivo que se autoproclame defensor de lo público —educación, sanidad, clima, lo que toque— y su discurso se convierte automáticamente en dogma. Intocable. Incuestionable.

Pero, curiosamente, cuando habla la Iglesia, según Pedro Sánchez y su entorno, debe callarse. Silencio. A la sacristía. A la clandestinidad si hace falta. Opinar, no. Eso molesta. Eso incomoda. Eso no encaja en el relato.

Conviene recordarle algo básico: la Iglesia no es un ente abstracto ni un fósil decorativo. Representa a millones de ciudadanos. Quizá no a los que a él le gustan. Quizá no a los que le votan. Pero ciudadanos al fin y al cabo. Españoles con derechos. Con voz. Con legitimidad para opinar en el espacio público exactamente igual que cualquier otro colectivo organizado.

Aquí no se está defendiendo la laicidad del Estado. Eso es una coartada barata. Lo que se está practicando es la cancelación selectiva: si piensas como yo, hablas; si no, te señalo, te ridiculizo y te anulo. Y si además tienes una cruz detrás, peor todavía.

El mensaje es claro y profundamente autoritario: hay opiniones buenas y opiniones prohibidas. Hay colectivos protegidos y colectivos a los que se puede pisar sin coste político. Y luego nos hablan de pluralismo, tolerancia y democracia.

No, esto no va de modernidad contra tradición. Va de poder. De imponer quién puede hablar y quién debe callar. Y cuando un gobierno decide qué ciudadanos son legítimos y cuáles no, el problema ya no es la Iglesia va. El problema es el propio gobierno.

Miguel Ángel Arranz