La puerta de atrás de la ley de nietos

Hay formas de intentar ganar unas elecciones convenciendo a los ciudadanos. Y hay otras que consisten en ampliar el número de ciudadanos llamados a votar. La diferencia entre ambas estrategias es enorme. La primera fortalece la democracia. La segunda, cuando genera sospechas sobre su finalidad política, debilita la confianza en el sistema.

La llamada ley de nietos nació con un objetivo que muchos pueden considerar legítimo: reparar situaciones históricas permitiendo que descendientes de españoles recuperaran la nacionalidad. Ese es el espíritu con el que fue presentada la norma y así quedó recogido en la Ley de Memoria Democrática. Nadie discute que existan personas con vínculos reales con España que merezcan ese reconocimiento.

El problema aparece cuando los efectos políticos de esa decisión empiezan a ser enormes.

Cada nuevo nacionalizado que reside en el extranjero pasa a formar parte del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y podrá participar en futuras elecciones generales. Eso ya no es una cuestión ideológica, sino un hecho derivado de la legislación vigente. Al mismo tiempo, miles de expedientes siguen tramitándose y continúan incorporando nuevos electores.

Es precisamente ahí donde surgen las preguntas. ¿Por qué tanta insistencia en agotar la legislatura hasta el último día posible? ¿Por qué la sensación de que el Gobierno resiste a cualquier coste político? ¿Es únicamente para aprobar leyes pendientes o también porque cada mes incorpora nuevos potenciales votantes al censo exterior?

No afirmo que exista una prueba concluyente de ello. Pero resulta difícil ignorar que la oposición lleva semanas denunciando precisamente esa posibilidad y que el crecimiento del censo exterior se ha convertido en un elemento de debate político. La sospecha existe porque los efectos electorales son evidentes, aunque la intencionalidad no esté demostrada.

Si a ese incremento del voto exterior se suman otras iniciativas relacionadas con la regularización de inmigrantes, muchos ciudadanos terminan preguntándose si el Gobierno está buscando por distintas vías ampliar el cuerpo electoral antes de acudir de nuevo a las urnas.

En democracia no basta con actuar conforme a la ley. También es imprescindible evitar cualquier apariencia de utilizar las instituciones en beneficio propio. Cuando una medida tiene consecuencias electorales tan relevantes, la transparencia debería ser absoluta y las explicaciones, constantes.

Porque la confianza en unas elecciones no depende únicamente de que el recuento sea limpio. También depende de que nadie pueda pensar que las reglas del juego se modifican pensando en quién puede beneficiarse de ellas.

La democracia necesita urnas limpias, pero también necesita censos sobre los que no planee la más mínima sospecha. Cuando un Gobierno empieza a ser percibido como alguien que puede estar buscando votos por la puerta de atrás, aunque sea mediante decisiones formalmente legales, el problema deja de ser jurídico para convertirse en político.

Y cuando la confianza se rompe, reconstruirla siempre cuesta mucho más que perderla.

Miguel Ángel Arranz