La vivienda social no está para hacer negocio

El debate sobre la vivienda en Alcobendas ha vuelto a colocarse en el centro de la actualidad tras la aprobación de una fórmula de alquiler con opción a compra para viviendas municipales. Como era previsible, buena parte de la discusión se ha centrado en la preferencia para ciudadanos españoles. Sin embargo, ese no es el verdadero debate.

Que la vivienda pública priorice a quienes sostienen con sus impuestos ese patrimonio público es una posición perfectamente defendible y, de hecho, bastante habitual cuando se trata de repartir un recurso limitado. El problema no está ahí.

El verdadero problema es convertir la vivienda social en un negocio.

La vivienda pública existe con un objetivo muy concreto: ofrecer una solución temporal a familias que, en un momento determinado de su vida, no pueden acceder al mercado libre. Es un instrumento de protección social, no un mecanismo para generar patrimonio privado.

Cuando una familia mejora su situación económica, esa vivienda debería quedar libre para que otra familia con las mismas dificultades pueda beneficiarse de ella. Ese es el principio que ha justificado durante décadas la existencia de un parque público de vivienda.

Con la fórmula de alquiler con opción a compra ese principio se rompe.

Durante años, el inquilino disfruta de un alquiler inferior al de mercado porque parte del coste lo asumen todos los vecinos mediante sus impuestos. Esa ayuda pública tiene sentido mientras exista una necesidad social. Lo que resulta mucho más difícil de justificar es que, además de recibir esa ayuda, el beneficiario pueda terminar adquiriendo la vivienda a un precio muy inferior al de mercado.

En ese momento deja de ser una política social para convertirse en una transferencia de patrimonio público hacia particulares.

Y la experiencia demuestra que el riesgo no es teórico. Ya ha ocurrido en promociones de Fuentelucha y Valdelasfuentes, donde algunos adjudicatarios adquirieron viviendas protegidas a precios muy reducidos y, una vez cumplidos los requisitos legales, terminaron vendiéndolas a precio de mercado, obteniendo importantes plusvalías.

Es decir, viviendas que habían sido parcialmente financiadas por todos acabaron generando beneficios privados para unos pocos, mientras el Ayuntamiento perdía patrimonio público y disponía de menos viviendas para ayudar a las siguientes generaciones de familias con dificultades.

Además, resulta difícil no interpretar esta medida en clave política. La alcaldesa, Rocío García Alcántara, es consciente de que el compromiso adquirido con los vecinos sobre la construcción de nueva vivienda pública durante esta legislatura difícilmente podrá cumplirse en los plazos prometidos. Ante esa realidad, esta fórmula permite presentar resultados sin haber incrementado realmente el parque municipal de viviendas.

Pero vender patrimonio municipal no equivale a crear vivienda pública.

Una cosa es construir nuevas viviendas que pasen a formar parte del patrimonio permanente del Ayuntamiento y otra muy distinta es desprenderse de las que ya existen para poder afirmar que se ha impulsado una política de vivienda. En realidad, no se está ampliando el parque público: se está reduciendo.

El Ayuntamiento se descapitaliza para intentar maquillar un compromiso que no se ha materializado. Hoy se vende una vivienda; mañana habrá una vivienda menos para atender a otra familia que la necesite.

Ese debería ser el verdadero debate.

Porque una política pública no debería medirse por el número de viviendas que consigue vender, sino por la capacidad de mantener un parque suficiente para atender a quienes realmente lo necesiten dentro de diez, veinte o treinta años.

La vivienda social no debería ser una puerta de entrada a la especulación. Debería ser un puente hacia la autonomía. Y una vez cruzado ese puente, la vivienda tendría que seguir siendo pública para que otras familias puedan recorrer el mismo camino.

Si el patrimonio municipal acaba desapareciendo porque se vende progresivamente, llegará un momento en que el Ayuntamiento ya no tendrá viviendas con las que ayudar a nadie. Y entonces habremos confundido una política social con un magnífico negocio… pero solo para unos pocos.

Miguel Ángel Arranz