LEY DE NIETOS: 1-0 GANA LA DEMOCRACIA. AHORA, A GARANTIZAR LA CUSTODIA DEL VOTO POR CORREO

Primer asalto y primer revés para el sanchismo. El Tribunal Supremo ha decidido mantener la suspensión cautelar de los efectos electorales de la conocida como ley de nietos, rechazando el intento de la Abogacía del Estado de levantar la medida antes de las elecciones del 29 de noviembre. Una decisión que pone el foco en algo tan elemental como garantizar que quienes figuran en el censo cumplen los requisitos legales para hacerlo. Porque una democracia no se mide por cuántos votantes consigue incorporar un Gobierno, sino por las garantías con las que esos ciudadanos ejercen su derecho al voto.

Resultaba, cuando menos, sospechosamente oportuno que, a las puertas de unas elecciones, se pretendiera consolidar una ampliación extraordinaria del censo electoral exterior sin haber despejado previamente todas las dudas sobre las acreditaciones exigidas. Una operación que, políticamente, tiene toda la apariencia de estar hecha a la medida de las necesidades electorales del sanchismo. ¿Casualidad? Que cada cual saque sus conclusiones. Lo que resulta difícil de justificar es que se haya llegado a este momento sin tener los expedientes debidamente verificados.

De momento, 1-0. GANA LA DEMOCRACIA. Porque el Supremo ha recordado que la transparencia electoral no puede quedar subordinada a las prisas de ningún Gobierno. Y conviene aclararlo: no ha anulado la ley de nietos ni ha dictado todavía una sentencia definitiva sobre el fondo. Ha mantenido una medida cautelar para proteger la integridad del censo. Una decisión importante, aunque también obligue a examinar cuidadosamente los derechos de los ciudadanos afectados.

Pero queda un segundo partido. Y posiblemente bastante más importante: garantizar la limpieza, la igualdad, la transparencia y, especialmente, la custodia de todos y cada uno de los votos emitidos por correo. Desde que un ciudadano deposita su voto hasta que ese sobre llega a la mesa electoral, cada paso debería poder someterse al máximo escrutinio, sin zonas grises, sin opacidad y sin que nadie tenga que conformarse con un simple «confíen ustedes».

No se trata de pedir un favor ni de conceder un cheque en blanco a quienes administran el proceso electoral. Se trata de exigir garantías verificables, controles rigurosos y una trazabilidad que no deje espacio a ninguna duda razonable. Porque el voto por correo no puede tener ni un gramo menos de garantías que el voto depositado personalmente en una urna. Y quien considere excesiva esta exigencia debería explicar qué inconveniente encuentra en reforzar la transparencia.

El sanchismo lleva demasiado tiempo pretendiendo que cualquier cuestionamiento de sus decisiones sea interpretado como un ataque a las instituciones. Pues no. Las instituciones no son propiedad de Pedro Sánchez, las elecciones no pertenecen al Gobierno y exigir controles no equivale a cuestionar la democracia. Precisamente es todo lo contrario: defenderla frente a cualquier tentación de utilizar las reglas del juego en beneficio propio.

Y aquí llega la gran paradoja. Quizá, solo quizá, si después de este primer revés judicial se refuerzan hasta el extremo las garantías de custodia y transparencia del voto por correo, la convocatoria anticipada de elecciones no termine siendo aquella jugada maestra que algunos imaginaron en los despachos de la Moncloa.

Porque una cosa es convocar elecciones calculando todos los escenarios posibles y otra muy distinta encontrarse con que las instituciones ejercen sus funciones de control, los procedimientos se examinan con lupa y los ciudadanos exigen explicaciones.

De momento, 1-0 gana la democracia. Queda el voto por correo. Y quizá, cuando todo esté bajo la máxima vigilancia democrática, descubramos que a Pedro Sánchez no le ha salido tan rentable pulsar el botón electoral.

Miguel Ángel Arranz