Los derechos son de los ciudadanos, ni de los territorios ni de las Comunidades Autónomas

En España se ha asumido con una naturalidad alarmante que los derechos ya no pertenecen a las personas, sino a los territorios. Se habla de “derechos históricos”, de “derechos de las comunidades”, de “singularidades territoriales”, como si los ciudadanos fueran un elemento accesorio del mapa y no el centro del Estado de Derecho. El resultado es evidente: ciudadanos de primera, de segunda y de tercera.

Los de primera son aquellos que viven en comunidades con capacidad de presión política. Allí los derechos se amplían, se blindan y se negocian. Los de segunda son los que, sin privilegios, observan cómo otros obtienen ventajas simplemente por residir en un territorio concreto. Y los de tercera, los olvidados, son los que pagan el sistema sin recibir nada a cambio. Esto no es descentralización. Es desigualdad institucionalizada.

El Estado tiene una misión muy clara: equilibrar la balanza. Para eso existe la redistribución, para que los recursos se repartan de forma equitativa entre ciudadanos, no para que se consoliden desigualdades según el territorio. Y no, no vale el argumento de que hay comunidades que aportan más y comunidades que aportan menos. Eso no justifica que los derechos cambien de valor según dónde vivas.

Porque el absurdo ya es total: a mismo trabajo, misma categoría laboral y mismo salario, dos personas pueden acabar cobrando distinto al jubilarse solo por haberse retirado en comunidades diferentes. Uno cobra más porque su comunidad complementa. Otro cobra menos porque vive en una comunidad donde el coste de la vida es elevado pero no existe ningún complemento. Eso no es justicia social. Es una lotería territorial.

Los derechos no son de las comunidades autónomas. No son del territorio, ni de la lengua, ni de una identidad colectiva. Los derechos son de los ciudadanos, con independencia de dónde hayan trabajado, cotizado o decidido vivir.

Cuando un derecho depende del código postal, deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio. Y cuando el privilegio se normaliza, el Estado deja de tratar a sus ciudadanos como iguales.

La Constitución no reconoce españoles de distintas categorías. Pero la política diaria sí. Y lo hace sin pudor, repartiendo derechos como moneda de cambio y utilizando a los ciudadanos como rehenes de acuerdos territoriales.

Mientras sigamos aceptando que hay españoles que valen más que otros, no habrá cohesión, ni justicia, ni proyecto común. Solo habrá ciudadanos clasificados. Y eso es una quiebra moral y política del país.

Miguel Ángel Arranz