Los jóvenes ya no salen de izquierdas por defecto, y eso molesta

Aquí no hay ningún debate real sobre la “protección del menor”. Eso es el envoltorio. El lazo bonito. La coartada moral para vender como virtud lo que en realidad es control político preventivo. El fondo es otro, mucho más incómodo: proteger el voto propio anulando el ajeno antes de que exista.

Prohibir las redes sociales a menores de 16 años no es una medida educativa, ni sanitaria, ni siquiera tecnológica. Es una decisión política con cálculo electoral. No va de salud mental, ni de acoso, ni de pantallas. Va de tendencias demoscópicas que empiezan a incomodar seriamente al poder. Va de una generación que no está respondiendo como el Gobierno esperaba.

Porque hay un dato que en Moncloa conocen y que les inquieta: los jóvenes ya no salen progresistas por defecto. Las encuestas empiezan a reflejar algo que rompe el relato oficial. Crece el número de jóvenes que se declaran católicos o culturalmente católicos. Aumenta, sin complejos, el porcentaje que se define de centro-derecha. Y muchos rechazan frontalmente el discurso identitario, victimista y subvencionado que se les ha intentado imponer durante años. Para el sanchismo, eso es dinamita.

¿Y qué hace el poder cuando una generación no vota como necesita? No la convence. La neutraliza. No se le da voz, no se le deja espacio y no se le permite formar criterio propio fuera del carril oficial. Y ahí es donde entran las redes sociales.

Las redes son hoy el único ámbito que el poder no controla al cien por cien. Son imperfectas, caóticas y a veces incómodas, sí. Pero comparadas con el ecosistema mediático tradicional español —colonizado, subvencionado y alineado— son un espacio de libertad relativa. La televisión pública también tiene algoritmo, solo que se llama línea editorial. Los grandes medios subvencionados tienen otro, llamado publicidad institucional. Las tertulias funcionan con un tercero: quién paga y quién nombra. Ahí el Gobierno manda, el mensaje se filtra, se repite y se amplifica sin fricción.

En las redes, no. Y eso es lo que molesta.

Por eso no se habla de educar en el uso, sino de prohibir. Por eso no se apela a la responsabilidad familiar, sino al delito. Por eso no se regula con bisturí, sino con martillo. Y por eso el límite no es casual: menores de 16 años, justo la franja en la que se empieza a formar criterio político, en la que se cuestiona el discurso dominante y en la que el voto futuro empieza a intuirse. No hay nada accidental en esta elección.

La criminalización de la “manipulación de algoritmos” suena estupenda hasta que uno se hace la pregunta incómoda: ¿quién decide qué es manipular y qué es informar? ¿Quién controla el algoritmo de la televisión pública? ¿Quién fiscaliza el sesgo permanente de los medios afines al PSOE? ¿Quién establece qué contenido es peligroso y cuál es pedagógico? La respuesta es obvia y siempre la misma.

Esto no es una medida aislada, es una pieza más de una estrategia coherente. Regularización masiva de migrantes, inflación de censos, creación de nuevos medios públicos o semipúblicos, asfixia normativa al discrepante, señalamiento moral del disidente y ahora, directamente, silenciar preventivamente a los jóvenes. Todo encaja.

No buscan proteger a nadie. Buscan ganar tiempo, ganar elecciones y ganar control. Porque cuando un joven sale del discurso oficial, rara vez vuelve. Y el poder lo sabe. Así que se corta el canal, se cierra la ventana y se apaga el altavoz. No es censura clásica. Es algo más sofisticado y más grave: ingeniería social.

Lo más preocupante no es que lo hagan, sino que lo disfracen de virtud. Que lo vendan como progreso. Que muchos lo aplaudan convencidos de que defienden a los menores cuando, en realidad, están entregando su libertad futura.

No están protegiendo a los jóvenes. Se están protegiendo de ellos. Y eso, en una democracia que se tome en serio, debería encender todas las alarmas.

Miguel Ángel Arranz