Menos mal que está la Unión Europea

Hay noticias que trascienden el caso concreto al que se refieren. No se trata únicamente de una denuncia contra la presidenta del CGPJ ante la Comisión Europea. Lo verdaderamente relevante es que, una vez más, un asunto relacionado con el funcionamiento de nuestras instituciones termina llegando a Bruselas. Y eso debería hacernos reflexionar.

La Unión Europea no suele intervenir alegremente en cuestiones judiciales internas de los Estados miembros. Al contrario. Su tradición ha sido siempre la prudencia, el respeto a la soberanía nacional y la defensa de la independencia de los sistemas judiciales de cada país. Por eso, cuando determinados conflictos españoles empiezan a llamar la atención de las instituciones europeas, conviene preguntarse qué imagen estamos proyectando fuera de nuestras fronteras.

Resulta triste tener que recurrir a un órgano superior para garantizar algo que debería ser absolutamente incuestionable dentro de España: el cumplimiento de las normas, la separación de poderes y la igualdad de todos ante la ley. No debería hacer falta que Bruselas observe, analice o supervise cuestiones que, en una democracia plenamente consolidada, tendrían que resolverse con absoluta normalidad dentro de nuestras propias instituciones.

Sin embargo, cada vez son más los asuntos españoles que terminan siendo debatidos, cuestionados o examinados desde Europa. Y eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque la percepción exterior empieza a detectar tensiones institucionales que hace unos años habrían parecido impensables. Lo que desde dentro algunos intentan presentar como normalidad política, desde fuera empieza a observarse con creciente preocupación.

La historia nos enseña que, en ocasiones, la mejor forma de entender lo que sucede en un país es observar cómo lo ven desde fuera. Durante décadas existió aquella frase según la cual, para saber realmente lo que ocurría en España, había que leer la prensa extranjera. Salvando todas las distancias históricas, hoy vuelve a resultar llamativo comprobar cómo algunos de los debates más importantes sobre la calidad institucional española encuentran eco y atención más allá de nuestras fronteras.

La Unión Europea actúa lentamente. Es burocrática, cautelosa y desesperadamente prudente. Precisamente por eso, cuando decide prestar atención a determinados acontecimientos, conviene no minimizarlo. No porque Bruselas tenga siempre razón, sino porque representa un sistema de garantías construido durante décadas para evitar que los gobiernos de cualquier signo político puedan acumular un poder excesivo sin contrapesos efectivos.

Por eso, independientemente de cuál sea el desenlace de esta denuncia concreta, hay una conclusión que merece ser destacada: menos mal que existe la Unión Europea. Menos mal que los países europeos decidieron dotarse de instituciones comunes capaces de vigilar el respeto a los principios democráticos cuando surgen dudas o controversias. Porque la democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años. También consiste en garantizar que las reglas sean las mismas para todos y que nadie, absolutamente nadie, quede al margen de los controles institucionales.

Y cuando una democracia necesita que desde fuera le recuerden esos principios, el problema ya no está en Bruselas. El problema está en casa.

Miguel Ángel Arranz