Mientras unos compran aviones, otros compran billetes de salida.

La imagen es clara: Marruecos negociando la compra de aviones militares. Inversión en defensa, músculo estratégico, presencia internacional. Nada que objetar si se analiza desde la lógica de Estado. Cada país prioriza lo que considera necesario. Pero aquí viene el choque frontal con la realidad.

Porque al mismo tiempo, miles de ciudadanos marroquíes siguen saliendo de su país para buscarse la vida en España. Y eso no es un relato ideológico, es un hecho. Gente que no se va por gusto, se va porque en su país no encuentra las condiciones mínimas para prosperar. Y ahí es donde la contradicción es brutal.

Si un Estado tiene margen para gastar miles de millones en equipamiento militar, también lo tiene —al menos en parte— para invertir en su población. En empleo, en oportunidades, en estabilidad social. No hablamos de eliminar la defensa, hablamos de prioridades.

Porque lo que no encaja es este doble escenario:

• Un gobierno que refuerza su capacidad militar.

• Y una población que huye buscando condiciones básicas fuera.

Y luego está España.

España, que se convierte en destino. Y una vez aquí, el sistema entra en juego: sanidad, educación, ayudas, acogida. Un sistema que no distingue origen, pero que sí soporta una presión creciente. Y eso tampoco es ideología, es pura capacidad de recursos.

La pregunta incómoda es inevitable:

¿hasta qué punto es sostenible que un país receptor asuma el coste social mientras el país de origen prioriza otras partidas? No se trata de negar derechos. Eso es otro debate.

Se trata de exigir coherencia. Porque si un gobierno puede permitirse modernizar su ejército, también debería poder permitirse que su gente no tenga que marcharse.

Lo demás es trasladar el problema a otro país. Y eso, por mucho que se disfrace, no es solidaridad. Es desajuste estructural.

Miguel Ángel Arranz