No se la comen ni los suyos

Hay un momento en toda deriva política en el que un gobernante deja de tomar decisiones pensando en el interés general y empieza a hacerlo exclusivamente para garantizar su supervivencia. Ese momento parece haber llegado. Los últimos indultos concedidos a condenados por corrupción vinculados al PSOE y a Junts no son un simple gesto político ni una decisión discutible. Representan el cruce de una línea roja que durante décadas el propio Partido Socialista había utilizado como bandera moral frente a sus adversarios. Hoy esa bandera ya no existe. Ha sido sustituida por una única prioridad: permanecer unas horas más en La Moncloa.

Pedro Sánchez transmite la sensación de haber entrado en una fase de política defensiva permanente. Todo gira alrededor de resistir un día más, una semana más, un mes más. Ya no parece gobernar España; parece administrar su propia continuidad. Cuando un presidente llega a ese punto, cualquier límite institucional corre el riesgo de convertirse en un obstáculo a eliminar. Las convicciones desaparecen y solo queda la necesidad de sobrevivir políticamente. Esa es precisamente la mayor preocupación: no lo que hace cuando gobierna con normalidad, sino lo que puede llegar a hacer cuando percibe que el final se acerca.

Resulta especialmente inquietante comprobar cómo decisiones que hace pocos años habrían sido calificadas por el propio PSOE como intolerables hoy se justifican con absoluta naturalidad. Lo que ayer era corrupción imperdonable hoy encuentra comprensión si sirve para mantener una mayoría parlamentaria. Lo que antes era una excepción escandalosa ahora se presenta como una decisión política más. Esa capacidad para normalizar cualquier contradicción es uno de los rasgos más preocupantes de los gobiernos que acaban confundiendo el interés del Estado con el interés de quien ocupa el poder.

Por eso la preocupación ya no debería limitarse únicamente a cuándo abandonará Pedro Sánchez el Gobierno, sino a qué decisiones está adoptando antes de hacerlo. La alternancia democrática llegará cuando los ciudadanos hablen en las urnas, como corresponde en una democracia. Pero la experiencia demuestra que muchas veces el verdadero alcance de determinadas actuaciones solo se conoce cuando cambia el Gobierno, se abren los cajones y aparecen decisiones, nombramientos, compromisos o documentos que habían pasado desapercibidos. Es precisamente en esa fase final cuando resulta imprescindible extremar la vigilancia institucional.

España necesita que sus instituciones funcionen con absoluta normalidad, con controles efectivos y con pleno respeto al Estado de derecho. También es razonable que las instituciones europeas sigan con atención cualquier actuación que pueda afectar a la calidad democrática, como hacen con todos los Estados miembros cuando existen dudas sobre determinadas decisiones. No porque España sea menos democrática, sino porque la fortaleza de una democracia se demuestra precisamente en la existencia de contrapesos y de supervisión institucional.

Lo verdaderamente significativo es que cada vez cuesta más encontrar personas dispuestas a defender determinadas decisiones del Gobierno con auténtica convicción. Se justifican porque no queda otra, porque toca hacerlo o porque la disciplina política lo exige, pero ya casi nadie intenta convencer de que son buenas para España. Y cuando un líder llega al punto de que sus decisiones ya no convencen ni a buena parte de quienes deberían respaldarlas, quizá el problema no sea la oposición. Quizá el problema sea que, sencillamente, ya no se la comen ni los suyos.

Miguel Ángel Arranz