NO SE NECESITAN URNAS TRUCADAS, SOLAMENTE LLEGAR A ACUERDOS EN DESPACHOS

En España no hace falta hablar de pucherazos. Ni de urnas trucadas. Ni de papeletas que desaparecen. Es bastante más sencillo.

En España se pueden ganar elecciones en los despachos.

Y eso es precisamente lo inquietante.

Las elecciones no consisten solamente en contar votos. También determinan qué mayorías permiten gobernar y, sobre todo, qué precio político se está dispuesto a pagar después para conseguir los votos parlamentarios necesarios.

La historia de la amnistía debería estudiarse precisamente desde ahí.

Pedro Sánchez necesitaba en 2023 los siete diputados de Junts para ser investido presidente. Eran imprescindibles. Después llegó el acuerdo político entre PSOE y Junts y posteriormente una Ley de Amnistía que el Gobierno defendió como una herramienta para la convivencia en Cataluña y que sus detractores interpretaron desde el principio como el precio político de aquella investidura.

Ahora hemos llegado prácticamente al final del recorrido.

El Tribunal Constitucional ha establecido que la amnistía debe alcanzar también a la malversación del procés. Como consecuencia, el juez Pablo Llarena dejó sin efecto las órdenes nacionales de detención contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig mientras resuelve definitivamente la aplicación de la amnistía. Y aquí aparece la enorme paradoja política.

Un dirigente que se marchó de España después del procés puede regresar nueve años después sin ser detenido por aquella orden, tras una ley nacida después de unas elecciones generales en las que sus siete diputados resultaron imprescindibles para investir al presidente del Gobierno.

No hacen falta urnas trucadas. Bastan siete diputados.

Primero votan los españoles. Después empiezan las matemáticas parlamentarias. Y cuando nadie tiene mayoría suficiente comienza una segunda partida que ya no se juega delante de una urna.

Se juega en los despachos.

Despachos donde se negocian investiduras. Donde siete diputados pueden convertirse en imprescindibles. Donde aquello que antes parecía políticamente imposible puede terminar convertido en ley. Y todo puede ser perfectamente legal.

Precisamente ahí está la cuestión.

No estoy hablando de fraude electoral. Estoy hablando de algo bastante más profundo: de hasta qué punto el resultado político final de unas elecciones puede terminar dependiendo de acuerdos posteriores que millones de ciudadanos desconocían cuando depositaron su voto.

Porque nadie votó directamente la amnistía en 2023. Los ciudadanos votaron partidos. Y después los partidos negociaron. Eso es democracia parlamentaria. Pero reconocerlo no obliga a ignorar una realidad: entre la papeleta y el resultado político final existe un espacio gigantesco llamado negociación parlamentaria.

Y ahí se decide muchísimo. Por eso quizá deberíamos dejar de mirar exclusivamente quién gana la noche electoral. En España puedes obtener más votos y no gobernar. Puedes tener siete diputados y resultar decisivo. Y puedes utilizar esa posición parlamentaria para condicionar decisiones fundamentales de una legislatura.

Después vienen las leyes. Después vienen los tribunales. Y finalmente llegan las consecuencias.

La decisión del Constitucional sobre la malversación del procés es jurídica. Pero sus consecuencias políticas forman parte de una historia que comenzó la noche electoral de 2023 y continuó en los despachos donde se negoció la investidura.

Por eso la gran lección no es que en España puedan manipularse unas elecciones.

Es otra bastante más incómoda:

En España puedes depositar una papeleta en una urna y descubrir años después hasta dónde fueron capaces de llevarla los despachos.

Miguel Ángel Arranz