PEDRO SÁNCHEZ: OTRO PLAN DE VIVIENDA Y LAS MISMAS LLAVES QUE NUNCA LLEGAN

Pedro Sánchez ha vuelto a anunciar un decreto urgente de vivienda. Otro más. Esta vez desde Nueva York, aprovechando el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en su casa.

Porque Sánchez tiene una habilidad extraordinaria: cada vez que la vivienda protagoniza una noticia que conmociona a España, aparece con un nuevo plan. Un decreto, una empresa pública, una ayuda o unos cuantos miles de viviendas que, por lo visto, deben de estar construyéndose en alguna dimensión paralela.

En abril de 2026, Antena 3 ya contabilizaba más de veinte anuncios relacionados con la vivienda desde 2021. Veinte. Y todavía quedaban meses para seguir ampliando la colección.

En 2023 llegaron las 50.000 viviendas de la Sareb, otras 43.000 para alquiler asequible y 20.000 en terrenos de Defensa. Después, la empresa pública, la Operación Campamento, nuevas ayudas y el Plan Estatal 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros.

Y ahora, otro decreto urgente.

A este paso, Sánchez va a tener que crear un Ministerio de Anuncios de Vivienda para coordinarse con el Ministerio de Vivienda. Aunque, pensándolo bien, quizá sea lo único que funciona con puntualidad.

Y hablando de ministerios, tenemos a Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, cuya principal ventaja en esta crisis habitacional es que ella tiene el problema resuelto. Dispone de una residencia oficial por razón de su cargo. No parece que tenga que competir con otros cuarenta interesados por un piso de 45 metros cuadrados ni presentar las tres últimas nóminas para conseguir una visita.

No cuestiono la legalidad de su residencia oficial. Cuestiono la distancia entre quienes administran el problema y quienes lo sufren. Porque defender el derecho a la vivienda desde una vivienda facilitada por el Estado debe de resultar bastante más confortable que hacerlo desde el sofá de tus padres con 35 años.

Pero volvamos a Maricarmen.

Sánchez ha responsabilizado al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid de su desahucio. Y es cierto que ambas administraciones tienen competencias. También es cierto que el Gobierno central lleva más de ocho años anunciando soluciones.

Lo curioso es que, cuando hay que presentar un plan, la vivienda es competencia de Sánchez. Cuando hay que explicar por qué una mujer de 87 años termina desahuciada, la competencia cambia misteriosamente de administración.

Un fenómeno jurídico digno de estudio.

Mientras tanto, los jóvenes siguen sin poder emanciparse, las familias destinan buena parte de sus ingresos al alquiler y comprar una vivienda se ha convertido en una operación financiera que exige tener unos padres con patrimonio o encontrar petróleo debajo del salón.

Pero tranquilos. Tenemos otro decreto urgente.

Pedro Sánchez debería publicar un inventario de sus promesas inmobiliarias. Cuántas viviendas anunció, cuántas se han terminado, cuántas se han entregado y cuántas siguen viviendo exclusivamente en sus discursos.

Porque después de más de veinte anuncios, quizá el problema no sea que España necesite otro plan de vivienda.

Quizá lo que necesita es que alguien le explique al presidente que los españoles no podemos vivir dentro de una rueda de prensa.