¿Pero qué tienen que esconder?

Cada vez que este Gobierno pronuncia las palabras “secreto”, “reservado” o “confidencial”, los españoles ya sabemos que detrás viene un problema. Un problema político, un problema de gestión o directamente un intento de tapar algo que no quieren explicar.

Y ahora le toca a la regularización masiva de inmigrantes. Según la información publicada por El Español, el Gobierno habría decidido blindar informes técnicos, policiales y jurídicos relacionados con este proceso apelando a la vieja Ley de Secretos Oficiales. Sí, una ley franquista. Curioso que quienes se pasan el día hablando de memoria histórica, democracia y transparencia recurran precisamente a una herramienta heredada del franquismo cuando les interesa esconder información.

Y aquí llega la pregunta lógica. ¿Qué tienen que esconder? Porque si un proceso de regularización masiva es tan positivo, tan humanitario y tan necesario como nos venden, no debería existir ningún problema en explicar cómo se hace, qué criterios se siguen y qué controles existen. Ninguno. Pero no. Prefieren el secretismo. Prefieren que los informes policiales sean reservados.

Prefieren ocultar evaluaciones técnicas. Prefieren impedir que la ciudadanía conozca exactamente qué riesgos se han valorado o qué advertencias existen. Y luego se sorprenden de que aumente la desconfianza. La generan ellos.

Porque el problema no es solamente la inmigración. El problema es la opacidad constante con la que actúa este Gobierno. Todo se convierte en propaganda, en relato y en manipulación emocional. Y cuando alguien hace preguntas, automáticamente llega la etiqueta: racista, ultraderecha, odio con H o cualquier estupidez propagandística de moda.

Seguramente ahora dirán que el secreto busca “proteger” a las personas regularizadas. Que existe un clima social peligroso. Que hay que velar por su seguridad. Pero eso es un argumento absurdo. Lo que realmente pone nerviosa a la sociedad no es la transparencia. Es exactamente lo contrario: el oscurantismo.

Cuando el propio Gobierno decide ocultar informes policiales y técnicos, está enviando un mensaje demoledor:

“Hay información que no queremos que conozcáis”. Y claro que la gente empieza a sospechar. Porque convivir no es una palabra vacía. La convivencia exige normas, control, garantías y transparencia. La ciudadanía tiene derecho a saber bajo qué criterios se regulariza a miles de personas. Tiene derecho a saber qué controles existen. Tiene derecho a saber si hay antecedentes, evaluaciones o advertencias policiales.

Exactamente igual que el Estado exige antecedentes, documentación y controles a cualquier ciudadano para trabajar, opositar o acceder a determinados puestos.

¿O ahora pedir transparencia también es delito?

Lo más llamativo de todo esto es que la polémica les beneficia. Porque mientras medio país discute sobre racismo, xenofobia o discursos de odio, el Gobierno desvía el foco de lo verdaderamente importante: por qué necesitan esconder información sobre una decisión que afectará directamente a la seguridad, a los servicios públicos y a la convivencia social en España.

Ellos mismos alimentan el incendio. Ellos mismos generan la tensión. Ellos mismos convierten un proceso político en un asunto sospechoso. Y cuando un Gobierno necesita esconder demasiadas cosas, normalmente no es porque esté protegiendo a los ciudadanos. Es porque se está protegiendo a sí mismo.

Miguel Ángel Arranz