Prioridad Nacional: para los nacionalistas, si vale

Hay una de las mayores contradicciones de la política española que apenas genera debate. La misma izquierda que lleva décadas justificando, negociando y cediendo ante los nacionalismos periféricos se lleva las manos a la cabeza cuando alguien plantea una prioridad nacional para el conjunto de España.

Si el PNV exige privilegios para los vascos, es “autogobierno”. Si Esquerra Republicana o Junts reclaman ventajas para los catalanes, es “defensa de la identidad”. Si se exige un trato diferencial en materia de financiación, lengua, cultura o competencias, se presenta como un ejercicio legítimo de pluralidad. Nadie habla de xenofobia. Nadie habla de supremacismo. Nadie habla de odio.

Pero basta con que el Partido Popular o Vox planteen que determinadas políticas sociales, ayudas públicas o el acceso a ciertos recursos prioricen a quienes son españoles, pagan sus impuestos aquí y llevan generaciones sosteniendo este país para que aparezcan inmediatamente las acusaciones de racismo, ultraderecha o exclusión.

La pregunta es muy sencilla: ¿por qué la prioridad nacional es legítima cuando beneficia a un territorio concreto, pero se convierte en un escándalo cuando pretende beneficiar al conjunto de la nación?

Durante años, el sanchismo ha asumido sin apenas rechistar las exigencias del nacionalismo vasco y catalán. Ha aceptado privilegios fiscales, cesiones competenciales, políticas lingüísticas excluyentes y un discurso permanente según el cual Cataluña y el País Vasco constituyen realidades políticas diferenciadas que merecen un trato singular. Incluso se ha defendido que el catalán tenga un reconocimiento específico en las instituciones europeas como un elemento de identidad nacional.

Es decir, la izquierda no tiene ningún problema con el concepto de prioridad nacional… siempre que esa prioridad sea catalana o vasca.

Lo que realmente rechaza no es el principio, sino el sujeto. Acepta que exista una preferencia para determinadas comunidades autónomas, pero considera inaceptable que esa misma lógica pueda aplicarse al conjunto de los españoles.

Resulta paradójico escuchar al Gobierno hablar continuamente del “arraigo” de quienes llegan desde otros países mientras desprecia el arraigo de quienes llevan décadas —o generaciones— contribuyendo con su trabajo, sus impuestos y su esfuerzo al sostenimiento del Estado. Parece que el arraigo solo merece protección cuando sirve para justificar determinadas políticas migratorias, pero deja de tener valor cuando se habla de quienes ya forman parte de la comunidad nacional.

Defender que el Estado tenga obligaciones prioritarias con sus propios ciudadanos no debería escandalizar a nadie. Es exactamente lo que hacen todos los Estados del mundo. Porque el Estado existe, precisamente, para garantizar primero los derechos de quienes forman parte de él.

Lo verdaderamente incoherente es sostener durante años el discurso de los nacionalismos periféricos, aceptar que existan preferencias para unos territorios y demonizar inmediatamente cualquier propuesta que sitúe a España y a los españoles en el centro de las políticas públicas.

Al final, el problema no es la prioridad nacional. El problema es que para una parte de la izquierda española solo es aceptable cuando sirve para fragmentar España. Cuando esa prioridad pretende fortalecer la nación común y priorizar a quienes la sostienen, entonces deja de llamarse solidaridad para convertirse, según ellos, en odio.

No es una cuestión de principios. Es una cuestión de conveniencia política. Y esa doble vara de medir resulta cada vez más difícil de justificar ante una sociedad que empieza a percibir que hay nacionalismos que reciben aplausos y otros que, simplemente por defender a España, reciben la etiqueta de intolerantes.

Miguel Ángel Arranz