Prohibido llamarlo "paguitas"

Hay palabras que incomodan porque describen demasiado bien la realidad. Y luego hay realidades que incomodan todavía más porque dejan al descubierto la intención política que hay detrás. La regularización masiva anunciada por el Gobierno no es un gesto humanitario aislado. Es una operación política de manual.

Tras un año de residencia los inmigrantes regularizados podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital. No hablamos de integración basada en empleo estable, mérito o aportación progresiva al sistema. Hablamos de incorporar de forma acelerada a miles de personas a la red de subsidios públicos. Y eso, le guste o no a la progresía de este país, no es política social: es ingeniería electoral.

Porque cuando un Gobierno vincula regularización exprés con acceso a prestaciones económicas, el mensaje es claro. No se prioriza la inserción laboral real, ni la capacitación, ni la exigencia de autosuficiencia progresiva. Se prioriza la dependencia inmediata del Estado. Y la dependencia política siempre tiene un beneficiario: quien reparte.

Es la forma más ruda y más vil de apesebrar al regularizado en su momento de mayor vulnerabilidad económica. No se le ofrece una escalera; se le ofrece una cuerda atada al despacho de quien gobierna. El ciudadano recién regularizado no entra al mercado con igualdad de condiciones: entra al circuito asistencial. Y el circuito asistencial crea gratitud obligada. Gratitud que se traduce en fidelidad política.

Mientras tanto, a los españoles que llevan años cotizando, pagando impuestos y sosteniendo el sistema, se les exige paciencia, comprensión y silencio. Se les dice que es solidaridad. Se les acusa de insolidarios si cuestionan la sostenibilidad del modelo. Pero nadie explica cómo se financia a medio plazo una ampliación masiva del gasto estructural sin crecimiento productivo equivalente.

Y aquí viene la gran contradicción. Tanto que presumen de Europa. Tanto que invocan los estándares europeos como vara moral. Pero la Unión Europea lleva años insistiendo en políticas de activación laboral, en condicionar ayudas a itinerarios de empleo, en vincular integración a inserción productiva. Lo que se fomenta es empleo, no subsidio permanente. Lo que se exige es sostenibilidad fiscal, no expansión ilimitada del gasto social sin respaldo estructural.

Esto no es una política migratoria coherente. Es una política de consolidación de poder. El mensaje es simple: regularizo, incorporo al sistema de ayudas y amplío mi base social dependiente. Todo bajo la bandera de la solidaridad, cuando en realidad es puro cálculo.

Prohibido llamarlo “paguitas”. De acuerdo. Llamémoslo por su nombre real: estrategia de supervivencia política financiada con el dinero de todos.

Y mientras tanto, el sillón en la Moncloa sigue siendo el verdadero objetivo. No la integración. No la cohesión. No la sostenibilidad. El sillón.

Miguel Ángel Arranz