Regularización electoral.

No nos engañemos. Esto no va de humanidad, ni de solidaridad, ni de cubrir necesidades reales del mercado laboral. Va de votos. Punto.

La regularización exprés que el Gobierno pacta con Podemos no responde a una urgencia económica ni a una falta estructural de mano de obra. España arrastra cientos de miles de parados, muchos de ellos de larga duración, jóvenes sin oportunidades y mayores expulsados del mercado laboral. Si el problema fuera laboral, la prioridad sería integrar a los que ya están dentro del sistema. No traerlos por decreto.

La narrativa oficial es conocida: “necesitamos trabajadores”, “es una medida humanitaria”, “es justicia social”. Es el envoltorio. El contenido es otro muy distinto. Lo que se está haciendo es ampliar de forma deliberada una bolsa de población potencialmente agradecida, dependiente y, sobre todo, electoralmente utilizable. No es una teoría conspiranoica. Es política básica.

Las regularizaciones masivas nunca son inocentes. Menos aún cuando se hacen a golpe de decreto, sin consenso amplio, sin planificación a medio plazo y sin explicar el impacto real en servicios públicos, vivienda, salarios o cohesión social. Aquí no hay integración: hay cálculo. Frío. Electoral.

Que nadie se llame a engaño pensando que esto es “porque España lo necesita”. No. Si España necesitara mano de obra, se estaría hablando de formación, de productividad, de salarios dignos, de movilidad laboral, de incentivos a la contratación real. No de papeles rápidos y silencios incómodos.

El patrón es evidente y lleva tiempo repitiéndose. Ya lo venía advirtiendo: regularizaciones encubiertas, empadronamientos laxos, mensajes simbólicos dirigidos a un electorado concreto y una izquierda perfectamente sincronizada cerrando filas. No es improvisación. Es estrategia.

Además, hay un detalle que el relato oficial esquiva: regularizar no crea empleo. Solo crea competencia en los tramos más bajos del mercado laboral, presiona salarios a la baja y agrava el problema de quienes ya estaban en precariedad. Pero eso no importa cuando el objetivo no es mejorar el país, sino ganar la siguiente cita con las urnas.

No se trata de criminalizar a nadie. Se trata de señalar al poder. A quien usa a personas como herramienta política mientras se envuelve en discursos morales. Eso sí es indecente.

El tiempo lo dirá, como siempre. Pero cuando dentro de unos años se analicen estas decisiones con datos y no con consignas, quedará claro lo que hoy ya es evidente: no era una política de Estado, era una política de partido. Y ni siquiera de partido: de supervivencia.

No era necesidad. No era humanidad. Era cálculo electoral. Y lo peor es que lo saben.

Miguel Ángel Arranz