¿Riesgo de fuga? Después de Puigdemont, cualquier juez tiene motivos para preocuparse

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez ha provocado una enorme polémica. Como era previsible, unos consideran que la medida es excesiva y otros creen que es plenamente justificada.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico serán los tribunales quienes determinen si la medida es correcta o no. Pero hay un aspecto de la resolución que ha llamado especialmente la atención: el juez sostiene que, llegado el caso, tanto sus escoltas como determinados recursos de protección podrían facilitar una eventual salida del país o dificultar una actuación policial inmediata.

La afirmación ha provocado indignación en algunos sectores. Sin embargo, antes de rasgarse las vestiduras conviene recordar algo que ocurrió en España hace muy poco tiempo.

El nombre es conocido por todos: Carles Puigdemont.

Estamos hablando de una persona declarada prófuga de la Justicia española. Una persona sobre la que pesaban órdenes judiciales y cuya entrada en territorio nacional era seguida con enorme expectación por medios de comunicación, fuerzas de seguridad y responsables políticos.

Y, aun así, ocurrió algo que parecía imposible.

Carles Puigdemont entró en España. Carles Puigdemont participó en un acto político. Carles Puigdemont dio un mitin. Y Carles Puigdemont abandonó España sin ser detenido. Esa es la realidad.

Podemos discutir durante años quién tuvo la culpa. Podemos debatir si falló el dispositivo policial, si existieron errores de coordinación, si hubo decisiones políticas equivocadas o si simplemente se produjo una cadena de circunstancias desafortunadas.

Pero el resultado final no admite discusión. Un prófugo de la Justicia entró y salió del país sin ser detenido.

Y eso cambia por completo cualquier debate sobre el supuesto riesgo de fuga de cualquier investigado relevante.

Porque cuando algunos afirman que resulta imposible que una persona con medios, contactos o protección institucional pueda eludir la acción de la Justicia, la realidad reciente demuestra exactamente lo contrario.

Ya ha ocurrido. Y no con una persona cualquiera. Ha ocurrido con el prófugo más conocido de España.

Por eso resulta difícil escandalizarse cuando un juez contempla escenarios que, hace apenas unos años, muchos habrían considerado impensables. La experiencia enseña. Y la experiencia reciente en España no invita precisamente al optimismo.

Además, este no es el único episodio que ha generado dudas sobre la impermeabilidad de determinadas estructuras del Estado frente a las filtraciones o las interferencias.

La historia reciente está llena de controversias relacionadas con chivatazos policiales, filtraciones de investigaciones sensibles, sumarios que aparecen en determinados medios antes de que los conozcan las partes afectadas o informes cuya existencia parece ser conocida por quienes son objeto de investigación. Son episodios que han erosionado la confianza de muchos ciudadanos.

No se trata de afirmar que exista una conspiración permanente. Se trata de reconocer una evidencia: en demasiadas ocasiones han ocurrido cosas que no deberían haber ocurrido.

Por eso el debate sobre Begoña Gómez no debería centrarse únicamente en si la medida cautelar es acertada o no.

La pregunta es mucho más sencilla.

¿Puede alguien afirmar seriamente, después del episodio de Puigdemont, que es imposible que una persona relevante reciba ayuda, cobertura o facilidades para abandonar el país si existe voluntad de hacerlo?

Muchos españoles ya no están tan seguros. Y probablemente esa sea una de las razones por las que algunos jueces prefieren pecar de prudentes antes que volver a contemplar un espectáculo que dañó gravemente la credibilidad de nuestras instituciones.

Porque cuando un prófugo entra en España, da un mitin y sale tranquilamente, lo extraordinario deja de ser una hipótesis. Se convierte en un precedente.

Miguel Ángel Arranz