Y lo que nos queda por saber

Hay noticias que no deberían servir para alimentar una trinchera política. Deberían preocupar a cualquiera que crea que un juez tiene que poder investigar sin que nadie intente intimidarlo, desacreditarlo o apartarlo.

La última información es de esas.

La magistrada Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, ha pedido personarse como perjudicada en la causa que investiga la denominada trama de Leire Díez. Según el escrito de la jueza del que informan El Español, RTVE y El País, la presunta trama habría mantenido contactos con personas vinculadas al narcotráfico para intentar perjudicarla y torpedear la investigación que dirigía. Estamos hablando de hechos denunciados y bajo investigación judicial, no de una sentencia firme. Conviene decirlo exactamente así.

Pero precisamente por eso resulta todavía más inquietante. Porque una cosa es la corrupción. Otra, las comisiones. Otra, los enchufes. Y otra muy distinta es que aparezca siquiera bajo investigación la posibilidad de utilizar los bajos fondos para actuar contra quien administra justicia.

Si finalmente se acreditara algo semejante, habríamos atravesado una frontera especialmente grave. La democracia puede soportar políticos corruptos porque dispone de mecanismos para investigarlos y condenarlos. Lo que pone en peligro esos mecanismos es que alguien trate de interferir precisamente en quienes tienen que investigar.

Y esto no aparece completamente aislado. La investigación judicial sobre Leire Díez ya analiza un supuesto entramado dirigido a obtener información para desacreditar a miembros de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción y a interferir en investigaciones que afectaban a dirigentes políticos.

Ahora aparecen los narcos.

Repito: presuntamente. Que nadie tenga después la tentación de confundir una columna con una sentencia. Pero qué nivel de podredumbre tiene que haber alrededor de la política para que una magistrada considere necesario acudir a la Audiencia Nacional porque entiende que fue objetivo de semejantes maniobras.

Esto ya no va de derechas ni de izquierdas. Va del Estado de Derecho.

Y tampoco hace falta recurrir alegremente a comparaciones con Venezuela o México. España tiene instituciones, jueces, fiscales y fuerzas de seguridad capaces de investigar estos hechos. Precisamente por eso hay que exigir que lleguen hasta el final, caiga quien caiga y pertenezca al partido que pertenezca.

Lo que me resulta políticamente difícil de comprender es otra cosa: que mientras continúan aflorando investigaciones de esta gravedad alrededor del PSOE y de personas vinculadas a su estructura, todavía haya quien esté dispuesto a presentarse bajo sus siglas en unas elecciones municipales como si todo esto sucediera en otro planeta.

Porque después llegará la campaña. Los carteles. Las fotografías. El candidato cercano. El vecino de toda la vida. El que dirá que él solo quiere hablar de su municipio.

Perfecto.

Pero las siglas también significan algo. Y quien decide representarlas tendrá que explicar qué piensa de todo esto.

No sabemos hasta dónde llegará judicialmente el caso Leire. No sabemos qué acusaciones terminarán acreditándose y cuáles no. Eso corresponde a los tribunales.

Lo que sí sabemos es que cada nueva revelación obliga a formular una pregunta cada vez más incómoda.

Y lo que nos queda por saber.

Miguel Ángel Arranz